El Disenso

11 millones de razones

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En el marco del juicio oral por el asesinato de Paulina Lebbos, su padre presentó una demanda civil contra el estado tucumano por más de 11 millones de pesos.

En 2006 el brutal femicidio de Paulina Lebbos catapultó a su padre, Alberto Lebbos, como abanderado en la lucha de las “Víctimas contra la impunidad“. A lo largo de los años, la investigación se convirtió en una base de operaciones políticas contra el peronismo tucumano. Luego de que ganara Cambiemos, Lebbos se entrevistó con los más altos referentes de Nación, logrando que el Ejecutivo Nacional envíe veedores a Tucumán para garantizar visibilidad y resultados durante el juicio oral. Los veedores, claro está, son referentes locales de Cambiemos que mantienen estrechos vínculos con Cano y con Lebbos, como explicamos pormenorizadamente desde El Disenso en la investigación “Caso Lebbos: comienza el circo de Cano y Cambiemos en Tucumán“.

La cintura política de Alberto Lebbos le permitió consolidarse como abanderado de la Comisión de “Víctimas por la Impunidad“, una organización que nucleaba a familias que habían sufrido diferentes tragedias y crímenes. Esta representación dotó a Lebbos de un nutrido grupo de gente que movilizaba a placer, y le permitió hacerse con una jugosa caja política. Con el correr de los años, los manejos punteriles de Lebbos se hicieron cada vez más evidentes y algunos familiares dijeron basta y comenzaron a denunciarlos. El padre de Morena Caciccio acusó al padre de Paulina de quedarse con dinero que estaba destinado a los integrantes de la comisión de víctimas de la impunidad, asegurando que José Cano y La Bancaria le envían todos los meses fondos a Lebbos para ayudar a las familias que integran la comisión. “Nos enteramos de que la comisión recibía a nivel nacional una ayuda económica que provenía de Cano y de la Bancaria, y destinada a los padres. Era dinero para gente pobre como yo” relató Caciccio, asegurando que Lebbos “Recibía plata y nunca la distribuyó”.

El Disenso pudo acceder al testimonio de un ex miembro de la Comisión, cuya identidad mantendremos en reserva. Según aseguró, “detrás de la organización hay un dineral“, y explicó que Lebbos “recibe cheques de la bancaria, cada 3 meses, por casi 300 mil pesos” y que recibe de un político del Partido Obrero un cheque mensual de de $50 mil“. Además, señala a Federico Masso, que se desempeñó como suplente de Cano en Diputados, como intermediario entre la Comisión y la secretaría privada de José Cano, a quien responde todo el armado.

Ante las graves acusaciones, Alberto Lebbos ensayó una defensa minimalista expresando: “Yo no recibo plata de nadie“, “Ni siquiera quisimos tener personería jurídica para que nadie se confunda”.

La caja de Lebbos

Si la Comisión tuviera personería, Lebbos estaría obligado a declarar las donaciones recibidas, por lo que mas que una confusión, se trata de una maniobra de evasión. Alberto Luis Lebbos tiene una ferretería, y está registrado en AFIP como trabajador autónomo categoría T3 con ingresos de hasta $25.000 mensuales desde agosto de 2013, justo cuando Lanata catapultó la hipótesis de “Los hijos del Poder”.

Su registro tributario no se condice con el dinero recibido de parte de Luciana y Ramiro Muratore a través de dos cheques, fechados el 22 de marzo de 2017, provenientes de las empresas Murato Construcciones SRL y Cafeli SRL, con montos de $119.874,10 y $115.573,67 respectivamente. Ramiro y Luciana Muratore son los primos de Francisco Trejo Muratore, entonces Secretario General de la Asociación Bancaria y hoy pro secretario de Acción Social y Deportes en la conducción nacional de La Bancaria, entidad señalada por las víctimas de la inseguridad como proveedora de dinero para la Comisión que preside Lebbos.

Con estos dos cheques por $235.447,77 se adquirieron en el mes de agosto 2 camionetas Amarok, una a nombre de José Adrián Pérez y otra a nombre de Víctor Hugo Langella. En el reverso de los cheques puede apreciarse que ambos fueron endosados por Alberto Luis Lebbos de puño y letra.

El precio de la impunidad

A Paulina la mataron diez millones de veces” dijo Lebbos, luego de interponer una demanda civil por más de 10 millones de pesos contra el Gobierno de Tucumán y los seis imputados en la causa. Lebbos pide un resarcimiento de $ 11.173.680 por los 11 años de impunidad. Si bien el juicio oral es por el homicidio y el encubrimiento, la querella tomo la decisión de que la acción civil se desarrolle en el mismo juicio para que quede atada a la suerte de los imputados, siendo el mismo tribunal quien resuelva ambas cuestiones.

Al momento de desaparecer Paulina, su hija Leticia Victoria tenía 5 años. Hoy cumplió 17 y vive con su abuelo. “Yo tengo la patria potestad de mi nieta. El padre la reconoció cinco días después de que apareciera el cuerpo de Paulina, pero nunca se hizo cargo de ella. Con los años hicimos todos los trámites y yo soy el tutor legal de mi nieta. Como tal, estoy obligado a velar por sus derechos tutelares. No puedo no hacer la demanda civil. Podría hacerlo también por mí, por los daños causados, pero decidimos hacerlo solo por Victoria” fueron las abnegadas expresiones de Lebbos al diario Clarín. Lebbos no solo es el tutor legal de Victoria sino que también hizo los trámites para que la joven lleve su apellido y no el de su padre biológico, César Soto, quien acusa a Lebbos por no poder ver a su hija desde la muerte de Paulina: “Perdí la Patria Potestad porque la Justicia actuó de oficio. Mi hija no me quiere ver. Ellos le llenaron la cabeza diciendo que maté a la madre y soy una mala persona. Una menor es vulnerable. La alejaron de mí, no me dejaron verla” declaró su padre a La Gaceta.

La Justicia tucumana investigó a Soto a pedido de la querella (Familia Lebbos) pero los fiscales Albaca y López Ávila no hallaron ningún elemento que justificara imputarle algún delito. El papá de Leticia Victoria siempre sostuvo que no tenía buena relación con la familia de Paulina, que desaprobaba la relación con su hija, y que ellos pretendían quedarse con la tenencia de la menor.
De acuerdo a la acción civil presentada en nombre de la hija de Paulina, quien tenga la custodia de la menor, cobrará la suma que disponga el tribunal, que de aceptar el pedido de Lebbos, será de más de 11 millones de pesos.

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