El diputado nacional es acusado de utilizar recursos públicos y funcionarios del Estado para realizar una denuncia intimidatoria contra el abogado que lo había denunciado por lavado de dinero. La presentación ingresó en el juzgado de Sebastián Casanello.
La situación judicial del diputado nacional Cristian Ritondo se complejiza. Días después de haber denunciado al abogado que lo llevó a la justicia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ahora enfrenta una nueva acusación: abuso de autoridad y peculado, es decir, uso indebido de recursos y prerrogativas del Estado derivados de su función pública.
La denuncia fue presentada por el abogado Jeremías Rodríguez, el mismo profesional que Ritondo denunció por supuesto “hostigamiento”, en una maniobra intimidatoria contra quien había activado la investigación judicial.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 11 Secretaría 22, a cargo del juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Según la denuncia presentada por Rodríguez, Ritondo habría utilizado recursos nacionales y funcionarios públicos para realizar su denuncia intimidatoria. El argumento se centra en la figura del abogado Agustín Esnal, firmante de la presentación judicial contra Rodríguez.
Esnal es actualmente empleado de ACARA, un ente cooperador que permite contratar personal para cumplir funciones en el Ministerio de Justicia de la Nación. La denuncia cuestiona que Ritondo habría hecho uso de estos recursos estatales —incluido el asesoramiento legal de Esnal— para fines de su defensa personal, configurando así el presunto delito de peculado.

Esnal es socio del estudio Canosa Abogados, profesor titular de Derecho Penal Financiero en la UBA y exfuncionario de distintos organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Seguridad y ANSES. Su trayectoria incluye años como escribiente auxiliar en el Poder Judicial de la Nación.
Esnal también posee aceitados vínculos familiares con altas instancias del Poder Judicial. Por ejemplo su esposa, María Lucila Bienati, es secretaria en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Estas conexiones refuerzan la necesidad de un trámite judicial particularmente cuidadoso y transparente, dada la sensibilidad institucional del caso.
El escrito también hace mención al posible delito de abuso de autoridad por utilizar su cargo y despacho de Diputado Nacional para la realización de la denuncia por hostigamiento a su denunciante, donde fija como domicilio su oficina en el Congreso de la Nación!

Esta nueva denuncia se inscribe en el marco de causas judiciales que comenzaron a partir de investigaciones publicadas por El Disenso, que expusieron el patrimonio, el entramado inmobiliario y las estructuras societarias vinculadas a Ritondo.
22/12/24: Ritondo, el constructor: desarrollos por más de 55 millones de dólares
04/01/25: El imperio inmobiliario de Ritondo en Pinamar
A partir de esas publicaciones, la Justicia avanzó con pedidos de informes y medidas probatorias que confirmaron la existencia de desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, cuentas bancarias y financieras, y sociedades a nombre de Ritondo, su pareja y una constructora de su entorno. Las contestaciones oficiales remitidas a los juzgados ratificaron información patrimonial y financiera relevante, reforzando las hipótesis de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se encuentran bajo análisis penal.
21/02/25: Tras investigación de El Disenso, la Justicia avanza sobre el entramado inmobiliario de Ritondo
Este ping pong de denuncias es una clara muestra de los manejos de la casta política vernácula que se enriquece con la gestión pública y luego corre con el peso del Estado a cualquiera que los exponga.

