Esta semana Claudio “Chiqui” Tapia denunció penalmente al empresario Leandro Camani por extorsión, en el marco de una causa en la que también están involucrados dirigentes de la Coalición Cívica.
Tapia, presidente de la AFA y de CEAMSE, se presentó ante la Justicia para denunciar que fue víctima de una maniobra de extorsión después de negarse a autorizar que el empresario Leandro Camani y su empresa, Secutrans S.A., accedieran al negocio de instalación y recambio de cámaras de fotomultas en predios y rutas bajo la órbita del CEAMSE.
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De acuerdo al escrito judicial al que accedió El Disenso en exclusiva, Tapia cuenta con testigos que describen una secuencia de pedido de negocio, negativa, amenaza y ejecución: tras su rechazo, Camani habría enviado un mensaje intimidatorio con una alternativa clara —habilitación del negocio o denuncias penales— lo que, según Tapia, derivó en la presentación de una denuncia sobre la “casa de Villa Rosa” por parte de Matías Yofe y Facundo Del Gaiso.
En ese contexto, Camani se presentó espontáneamente ante la Justicia a través de un escrito donde rechaza las acusaciones de extorsión, niega cualquier vínculo con el CEAMSE y asegura que el organismo no interviene en controles de tránsito.
Presentación de Camani en la justicia – El Disenso
Luego, pide un careo para confrontar a Tapia y solicita expresamente conocer la identidad plena de los testigos en su contra, hasta hoy mantenidos en reserva. Esta información fue difundida en exclusiva por Sebastián Dumont, uno de los galardonados por los premios Martín Fierro que organiza Camani.
Sin embargo, surge un documento administrativo oficial que sepulta la credibilidad procesal de Camani. Se trata de la Licitación Pública Nacional N°03/23 de CEAMSE, destinada al suministro de equipamiento y servicios para realizar controles de tránsito en el Camino del Buen Ayre, en la que SECUTRANS S.A. se presentó como oferente, con la firma de Leandro Camani en su carácter de presidente de la empresa.
El documento demuestra no solo la relación entre Camani y CEAMSE, sino también la participación concreta de su empresa en un proceso licitatorio específicamente orientado a controles de tránsito, exactamente lo que negó en sede judicial.
“No es una interpretación ni una operación: es un documento administrativo”, afirmó el abogado de AFA y de Tapia, Gregorio Dalbón. En este caso estamos ante un descargo judicial que en apenas unas horas quedó desmentido por la propia firma del declarante.
