La presentación judicial se basa en la investigación exclusiva de El Disenso que reveló un gasto de 50 millones de dólares en pauta publicitaria durante un año electoral, mientras la provincia enfrenta una crisis sanitaria y educativa sin precedentes.
La diputada nacional Lilia Lemoine, patrocinada por el doctor Hernán Emilio Seivane, presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la ministra de Comunicación Pública Jesica Rey, la subsecretaria Mariana Inés Lopisi y otros funcionarios y empresarios vinculados al esquema de pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires. La causa tramita en la UFIJ N°11 de La Plata, IPP 06-00-021689-26/00.
El escrito, de más de 30 páginas, toma como eje central la investigación exclusiva de El Disenso —“En 2025 Kicillof gastó 50 millones de dólares en Pauta Oficial”— y la complementa con datos de Chequeado para denunciar presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
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Según surge de la denuncia, durante 2025 la administración bonaerense habría ejecutado $62.450 millones en publicidad oficial, equivalentes a unos 50 millones de dólares, mediante 9.571 órdenes de compra distribuidas entre 710 medios, todas bajo la órbita formal de la ministra Jesica Rey. La propia presentación destaca que esto representa un promedio de 26 órdenes por día, lo que vuelve “materialmente inverosímil” su control individual y abre interrogantes sobre la verdadera cadena de responsabilidades.
El escrito remarca que más del 50% de esos fondos quedó concentrado en apenas diez grandes grupos mediáticos. El principal beneficiado habría sido el Grupo Indalo, de Cristóbal López, con más de $7.681 millones; seguido por Grupo América, Grupo Olmos, El Destape, Clarín, Infobae y Perfil. La denuncia sostiene que esa distribución fue realizada sin licitación, sin concurso y sin criterios objetivos establecidos por ley, lo que podría configurar una utilización discrecional de fondos públicos para premiar afinidades editoriales y disciplinar líneas críticas.
Uno de los puntos más delicados refiere al caso de Roberto Navarro y El Destape. Allí se señala que ElDestapeWeb.com recibió $2.597 millones y ElDestapeRadio.com otros $725 millones, en una estructura que la denuncia define como una posible “facturación dual” o “espejada” para cobrar por partida doble mediante distintas razones sociales. También se incorporan sospechas sobre once sitios web con contenido presuntamente duplicado o generado con inteligencia artificial, vinculados a sociedades como APPTERIX S.A., que habrían recibido pauta estatal pese a no registrar audiencia real.
Lemoine también apunta al contexto político y presupuestario: mientras la Provincia destinaba cifras récord a comunicación oficial en año electoral, persistían deudas del IOMA con prestadores, reclamos sanitarios, demoras en transferencias a municipios y paritarias docentes por debajo de la inflación. Para la denunciante, ese contraste constituye un indicio concreto de malversación de caudales públicos y desvío de prioridades presupuestarias.
En el capítulo probatorio, la diputada solicita una batería de medidas urgentes: secuestro y preservación de expedientes administrativos, copia forense de sistemas informáticos, pericias contables integrales, oficios a AFIP, UIF, Banco Central, ENACOM, Kantar Ibope, Google, Meta y YouTube, además de la reconstrucción completa del circuito del dinero desde su origen hasta el beneficiario final.
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La denuncia no sólo busca determinar responsabilidades penales individuales: también plantea que el esquema podría seguir activo durante 2026, bajo la misma estructura administrativa y con riesgo concreto de destrucción de prueba digital.
Desde 2016, El Disenso viene documentando el uso discrecional de la pauta oficial como herramienta de construcción política y disciplinamiento mediático. Diez años después, y tras el récord de gasto registrado en la provincia de Buenos Aires durante 2025, por primera vez, el esquema completo es llevado a la Justicia para que se determine si detrás de la pauta oficial también existieron delitos.