Arranca 2026 y los argentinos contamos los días que faltan para ver a la selección saliendo a la cancha para hacer historia otra vez. Mientras tanto, Chiqui Tapia, titular de la AFA, se presentó ayer ante la justicia para denunciar que ha sido víctima de extorsiones.
Con un escrito explosivo, Claudio Fabián Tapia se presentó en la causa que investiga presuntas extorsiones que habrían sido cometidas por Matías Yofe contra un ciudadano, a fin de que éste preste declaraciones falsas contra el ex Ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio. ¿El motivo de la presentación? El Chiqui Tapia asegura haber sido extorsionado por los mismos individuos y describe detalladamente su organización y modus operandi.
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), se presentó ante el Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro y la UFI N°3, para declararse damnificado y denunciar que fue víctima de extorsiones por negarse a entregarle el negocio de la instalación de cámaras de fotomultas en los predios del CEAMSE al empresario Leandro Camani.
Según el escrito, al que accedió El Disenso en forma exclusiva, Tapia sostiene que el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A. y actor central del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, le formuló un pedido concreto: autorizar la instalación y el recambio de cámaras de control de tránsito en rutas, accesos y predios administrados por la CEAMSE.
La respuesta fue negativa. Según Tapia, categórica y definitiva.
Esa decisión administrativa —que frustró un negocio de enorme impacto económico— habría marcado el punto de quiebre. A partir de allí, sostiene Tapia, el pedido fue reemplazado por presión directa: Camani habría hecho llegar un mensaje intimidatorio inequívoco. La alternativa era clara: o se habilitaba el negocio de las fotomultas, o se activarán denuncias penales falsas.
Tapia asegura contar con dos testigos directos —que solicitaron declarar bajo reserva de identidad por temor a represalias— capaces de reconstruir la cronología completa de los hechos: pedido, negativa, amenaza y ejecución.
Poco después de la negativa, las amenazas se materializaron. Cinco días antes del sorteo del Mundial, se presentó la denuncia por la denominada “casa de Villa Rosa”, firmada por Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Para Tapia, no se trató de una presentación espontánea ni autónoma, sino de una acción instrumental, directamente vinculada a la amenaza previa.
En ese esquema, Camani aparece señalado como organizador y beneficiario económico, mientras que Yofe y Del Gaiso habrían cumplido el rol de canales formales de activación del frente penal.
Los vínculos entre Yofe y Camani fueron acreditados en la causa por la custodia policial del propio Yofe, que lo acompañaba a las reuniones con el empresario, como ya contamos anteriormente.
Camani tiene una tremenda influencia en medios de comunicación, ya que su productora Red Cube, en la que se reunía con Yofe, organiza y financia la entrega de los premios Martín Fierro. En concordancia, la ofensiva no se limitó al ámbito judicial. El escrito dedica un extenso tramo a describir una operación mediática sostenida, con publicaciones reiteradas, imputaciones categóricas sin respaldo probatorio, filtraciones de información reservada y amplificación en redes sociales y programas televisivos.
Un indicio escalofriante del enorme poder que que puede movilizar Camani para garantizarse los negocios más rentables, queda al descubierto cuando notamos que muchos de los periodistas que impulsaron y replicaron esas publicaciones fueron recientemente galardonados con el premio Martín Fierro, en conjunto son la selección mayor de la influencia.
Tapia denuncia que la cobertura no respondió a un ejercicio periodístico aislado, sino a una estrategia coordinada, sincronizada con movimientos procesales y orientada a instalar un relato incriminante, sin contextualizar el conflicto económico previo ni el negocio frustrado.
Incluso se describen prácticas que, según la presentación, exceden cualquier estándar informativo: filmaciones con drones sobre domicilios particulares de autoridades de la AFA, exposición de espacios privados y afectación directa de entornos familiares. El escrito también pone el foco en la difusión de información de carácter reservado, proveniente de bases de datos y actuaciones judiciales en trámite, cuyo acceso se encuentra legalmente restringido.
Según Tapia, la secuencia acceso–filtración–difusión no fue casual, sino parte de un mecanismo de presión. Frases públicas como “vamos a seguir mostrando pruebas” o “decir lo que todos saben y callan” son interpretadas en el escrito como advertencias veladas, destinadas a mantener la amenaza latente y condicionar decisiones.
Tapia vincula esta maniobra con antecedentes previos de Camani, en particular su rol en la causa que derivó en la renuncia del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, también atravesada por disputas en torno al negocio de las fotomultas.
Para Tapia, la coincidencia de actores, métodos y objetivos revela un patrón reiterado: denuncias penales, exposición mediática y presión pública para forzar decisiones administrativas y consolidar el control de uno de los negocios más rentables del país: el sistema de fotomultas.
En el tramo final, Tapia solicita allanamientos en domicilios particulares y laborales de Camani, y de sus operadores Yofe y Del Gaiso, el secuestro de dispositivos electrónicos y la realización de pericias informáticas forenses, además de la citación de testigos bajo identidad reservada.
La causa por extorsión, lejos de agotarse, suma así un capítulo que reconfigura el expediente: ya no se trataría de un apriete aislado a un ciudadano, sino de una organización que moviliza su influencia política, mediática y judicial para monopolizar uno de los negocios más rentables que el estado puede garantizar: las fotomultas, una mafia con tanto poder, que pretende llevarse por delante a la AFA, en pleno año mundialista.
Disculpen mi ignorancia pero Luis Ventura tiene algo que ver con los Martín Fierro?
Luis Ventura es el presidente de APTRA, la “dueña” de los Martín Fierro. Leandro Camani y su productora Red Cube compraron los derechos de organización de los Premios Martín Fierro en julio de 2020. Saludos!
Así fueron todos las denuncias atráves de los medios de comunicación peseteros Barrionuevo con eslaKar fariña etcétera