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¿A quién recurrís cuando se pudre todo? Cuando las papas queman todos tenemos a alguien a quien pedir ayuda. En el caso de D’Alessio, investigando nos sumergimos en el mundo de las coimas del fútbol y sus nexos con lavado de activos, la venta de armas y el FifaGate.

En el marco de la causa Nº FMP 88/2019, denominada “D´Alessio, Marcelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro”, Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, solicitó a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que analizara la información secuestrada en la casa del procesado Marcelo Sebastián D’Alessio consistente en tres discos duros, tres teléfonos iPhone y un pendrive. Las conclusiones del organismo señalaron que está probada la existencia de “prácticas de inteligencia ilegal realizadas por D’Alessio”.

Dentro del intercambio de información realizado entre D’Alessio y diferentes contactos, hubo uno que llamó nuestra atención, se trata de un pedido de ayuda que realiza a una persona agendada como “SportClub Adrian Anaya“.

El 15 de febrero, este medio publicó en exclusiva que la esposa de D’Alessio, María Valentina Oettel, ex profesora de gimnasia y dueña de la inmobiliaria “Valeka SA”, figura en ANSES como empleada en relación de dependencia de Emprendimientos Deportivos del Sur SA, propiedad de los empresarios Pablo Daniel Colarez, Pablo Ernesto Dusserre y Dardo Luis José De Marchi.

Los nombres resultan conocidos, son los socios de Sergio Szpolski en Megatlón All Boys – All Boys 2000 SA, firma surgida de Nuevos Clubes Argentinos SA una de las empresas beneficiarias de los prestamos millonarios emitidos desde el Banco Patricios donde el ex gerente Szpolski estuvo procesado por estafa en el marco de la causa que investigó la quiebra fraudulenta de la entidad.

De acuerdo a la transcripción que obra en las páginas 57 y 58 del informe de la Comisión Provincial por la Memoria, el pedido de socorro de D’Alessio fue dirigido a Adrian Osvaldo Anaya, socio de Dardo Luis José De Marchi, el empleador de su mujer. El superagente del recontraespionaje asegura ser víctima de una trampa, estar destrozado y sentir que “no puede seguir viviendo” tras ser contratado por un directivo de la AFI (a quien luego refiere como Bogoliuk) para investigar a Etchebest. Ante estos dichos, Anaya le espeta que es un “pelotudo grande”. De acuerdo a su interlocutor “En 15′ armamos la defensa, y la damos vuelta” y luego indica “llamamos a Rombola” y asegura “…y si sos culpable la arreglamos…

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Chat de D’Alessio con Anaya

Pero.. ¿Quién es Adrián Anaya?

De acuerdo al Boletín Oficial, Anaya es el vicepresidente de Santa Mónica Argentina SA, empresa también propiedad de De Marchi y vinculada a la AFA, que fue denunciada por presunto lavado de activos desde la Procelac, en el marco de la causa que investiga las coimas en el fútbol argentino.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, realizó una presentación en la que expuso los vínculos con Torneos y Competencias y el mega-escándalo por sobornos en la FIFA. Hasta ese momento, la firma Santa Mónica Argentina S.A., actuaba como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Entre las maniobras, se detectó el envío a España de más de $ 25 millones mediante operaciones de compra-venta de acciones entre sociedades de un mismo grupo económico, cuyo presidente (y empleador de la mujer de D’Alessio) está involucrado en múltiples causas por lavado ante la justicia de ese país.

Los hechos denunciados por la Procelac fueron previamente analizados por la Unidad de Información Financiera (UIF), luego que el organismo recibiera cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) efectuados por distintos sujetos obligados –en su mayor parte entidades financieras- entre los años 2013 y 2014. Uno de esos reportes da cuenta que entre enero y febrero de 2014, Dardo Luis De Marchi, supuesto titular de Santa Mónica Argentina S.A., envió al exterior fondos por un total de 3.400.000 dólares -cerca de 25.333.800 millones de pesos de entonces- bajo el concepto de repatriación de inversiones. En términos formales, la transferencia formaba parte de un contrato de compra-venta de acciones entre Santa Mónica Argentina S.A., y Santa Mónica Advances S.L., de España, sociedad esta última que le habría dado posesión de esos títulos tras la firma de un contrato celebrado el 8 de octubre de 2013.

Ahora bien, tanto una como otra sociedad pertenecen al mismo grupo económico denominado “Grupo Santa Mónica Sports”, encabezado por el empresario español Jesús María Samper Vidal, investigado en ese país por delitos de malversación de fondos y lavado de activos, entre otros. En la operación se pudo establecer que las partes modificaron las condiciones previstas en el contrato de compra-venta original, realizando transferencias a España por más de $25 millones.

Entre las operaciones sospechosas, también se registró la adquisición de una aeronave por $674.000, monto irrisorio en función del bien involucrado.

Los vínculos con el FIFA-gate

El trabajo de la Procuraduría especializada destaca las fuertes vinculaciones entre Santa Mónica Argentina S.A. –agente exclusivo de los derechos comerciales de los partidos que juega la selección argentina de fútbol- y la firma Torneos y Competencias (TyC), cuyo ex presidente Alejandro Burzaco se encuentra entre los principales acusados en la investigación que lleva adelante la justicia de Estados Unidos por hechos de corrupción y sobornos en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El 19 de noviembre de 2017, desde El Disenso, publicamos que el testimonio de Alejandro Burzaco a la justicia de Estados Unidos preocupaba al gobierno de Cambiemos, que ya estaba recibiendo los coletazos del FIFAgate. El empresario declaró ante a la justicia estadounidense que luego de su detención en 2015, Eugenio, en ese momento ex jefe de la Policía Metropolitana de Macri, se comunicó con él telefónicamente para advertirle que la bonaerense tenía instrucciones de matarlo para evitar sus declaraciones “Él supo que instrucciones habían sido dadas a la Policía de Buenos Aires, la más grande del país, de callarme para hacer que fuera imposible que dijera cualquier cosa en Estados Unidos, incluso matándome” según palabras de Burzaco al fiscal Samuel Nitze.

De acuerdo a los dichos de Alejandro, su hermano Eugenio es co titular de una cuenta en el Banco Merril Lynch, que no figura en la declaración jurada del Secretario de Seguridad, y en la que se registró un depósito por u$s 4,23 millones en junio del 2008 a raíz de una pequeña venta de acciones de la empresa Torneos y Competencias.

La cuenta fue abierta a principio de los noventas y según Alejandro, la operación se realizó para que en el caso de su fallecimiento, su hermano pudiese acceder a su dinero, pero no fue sino hasta 2015 que Eugenio le habría avisado que su vida corría peligro.

Pero el involucramiento del Secretario de Seguridad en el FIFAgate no empezó ahí; junto a Juan Patricio Furlong y Andy Freire son duelos de Seguridad Integral Templar S.A. creada el 4 de mayo de 2012. Eugenio fue investigado por la justicia argentina, en el marco de la causa por escuchas ilegales en la que resultaron procesados Jorge “Fino” Palacios, el primer jefe de la Policía Metropolitana, y el entonces Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri. La causa fue iniciada por el empresario Carlos Ávila, fundador original de Torneos y Competencias, respecto a un grupo de llamadas entre el “Fino” Palacios y Burzaco, mientras se realizaban negociaciones con el gobierno de Néstor Kirchner por el contrato de fútbol con el Grupo Clarín.

Seguridad Integral Templar SA es una empresa consultora que provee soluciones integrales de seguridad para el sector público y privado. Desde El Disenso hemos rastreado contratos desde el año 2014 con la Municipalidad de Vicente Lopez, a cargo de Jorge Macri, primo del presidente. En ese momento, Templar cobró $248.000 por su “asesoramiento en materia de seguridad“.

En 2015, Juan Andres Firpo, socio de Burzaco en Fundar Consulting SRL, ingresó en la Municipalidad de Vicente Lopez como Secretario de Seguridad, desde donde luego fue “llamado” al ex RENAR a ocupar el segundo puesto abajo de Natalia Gambaro.

Recordemos en el caso del arsenal de armas encontradas en un depósito de COTO, que la orden de no denunciar el hallazgo en la justicia vino de los directores del organismo a cargo de Gambaro y el socio de Burzaco.

En ese caso, la fiscal Paloma Ochoa investigaba si las armas encontradas en manos de los COTO eran de los lotes que el ex RENAR había separado para su destrucción. El socio de Burzaco también está siendo investigado junto a Gambaro por el Juez Bonadío y el fiscal Di Lello por los delitos de “asociación ilícita y peculado” donde se intenta dilucidar la presunta “connivencia entre Natalia Gambaro, su segundo Juan Andrés Firpo y la empresa Dienst Consulting para generar un negocio rentable para todas las partes”. En marzo, a través de la Resolución 0015/17 la empresa Dienst Consulting SA fue seleccionada para realizar el exámen psicofísico a los portadores de armas de fuego.

Existen aproximadamente 800.000 portadores legales de armas y cada examen se abona $4.500, en lugar de los $600 de la “era K”, lo que le asegura a Dienst Consulting un negocio redondo de $ 3.600.000.000 millones.

En Templar es directora la mujer de Eugenio, Daniela Lopez Klingenfuss, que también formó parte del “Mejor Equipo” contratada en el año 2014 por Macri y Larreta con un sueldo mensual de $40 mil.

Otro de los socios de Eugenio es Juan Patricio Furlong, quien el 14 de diciembre del 2015 fue nombrado Subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo a través del decreto 81/2015.

De acuerdo a una investigación realizada por Christian Sanz de Mendoza Post, el socio de Burzaco fue el causante de que se cayera la compra a Israel de 4 lanchas por 49 millones de dólares y un Sistema de Vigilancia de fronteras por 35 millones de dolares al solicitarle una coima a la Embajada de ese país.

Según lo relatado por el periodista, existió “Un pedido de coimas por parte de un alto funcionario que responde a las órdenes de Eugenio Burzaco, secretario de esa cartera. El susodicho es Juan Patricio Furlong, (..) quien canalizó el cohecho a través de la Embajada de Israel. Ello provocó una queja formal ante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En una reunión que se produjo hace unos días, los diplomáticos le refirieron a la funcionaria que ellos no pagan coimas“. Furlong entregó su renuncia el 25 de octubre de 2018.

Eugenio fue el encargado de juntar el dinero para pagar la fianza de su hermano Alejandro en Estados Unidos. Para eso, realizó una colecta entre la familia y amigos. Su socio, Andy Freire, le prestó u$s 50 mil, pero no fue la única persona que colaboró con la polla, ya que el actual número 2 del Ministerio de Seguridad logró juntar casi u$s 4 millones que se sumaron a los más de u$s 15 millones en acciones de Torneos y Competencias que lograron completar los u$s 20 millones solicitados por la jueza Scanlon. Este pago le permitió a Alejandro  ser monitoreado con un adminículo electrónico y obtener la prisión domiciliaria hasta la fecha del juicio que se está llevando a cabo ahora en Nueva York y que investiga el supuesto pago de coimas por cerca de u$s 150 millones a la CONMEBOL y a la FIFA de parte de Torneos y Competencias, para asegurar acceso a los derechos comerciales y televisivos de torneos de fútbol.

El 3 de febrero de 2018, a través de otra investigación exclusiva de El Disenso, expusimos que Mariano Mendilaharzu, el abogado que representa al hermano del Secretario de Seguridad Burzaco, fue puesto por Cambiemos como “Asesor” del Bapro, donde recibe un jugoso contrato de $ 1.452.000.

El abogado formó parte del directorio de Torneos de 2015 a 2017 y también fue empleado de Mauricio Macri en el GCBA, donde obtuvo contratos como como asesor del Banco Ciudad y asesor de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Durante ese tiempo, Mendilaharzu representó legalmente al actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Mendilaharzu fue denunciado por haber recibido un contrato para realizar un “asesoramiento” que nunca tuvo lugar. El 26 de marzo de 2010, el letrado fue contratado para asesorar a inspectores del organismo por $130.680 pesos en el expediente 523904–2013 y luego el 26 de julio a través del expediente 5239047-2013, se lo contrató nuevamente por la suma de $610.500 para otra “asesoría”. Juntas sumaron $741.180 pesos. En ambas oportunidades se atribuyeron los montos y el tipo de contratación a la “Urgencia” por tratarse de “un servicio impostergable e indispensable para dar cumplimiento a las facultades propias del área, esto es atribuciones de control y fiscalización”.

La empresa Santa Mónica Argentina S.A. celebró contratos de cesión de derechos con TyC, en cuyo directorio encontramos al letrado de Burzaco, obteniendo así recursos para aplicar al giro de sus negocios. Asimismo, existen cheques librados por TyC y depositados por uno de los principales accionistas de Santa Mónica Argentina S.A., por lo cual se desprende que parte de los fondos utilizados por esta última firma tienen su origen “en operaciones realizadas por la mencionada sociedad que se encuentra involucrada en la mega causa judicial internacional”.

Los principales accionistas de Santa Mónica Argentina S.A., participaron del régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país –como se conoce formalmente al “blanqueo de capitales”- que el Gobierno argentino dispuso en 2009 y 2013.

Santa Mónica Argentina S.A. ya se encuentra siendo investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal n°1, a cargo de Romilda Servini de Cubría, en el marco de la causa judicial que involucra a la AFA en la presunta comisión de delitos en perjuicio de la administración pública.

Ahora, cuando volvemos a leer que al estar en problemas Marcelo D’Alessio se contactó con Anaya, todo toma otra dimensión.

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