Una investigación cronológica basada en documentos públicos revela cómo una contratación original de Vialidad Nacional terminó duplicando su valor en favor de firmas ligadas al entorno de Martín Menem. La trama conecta la adjudicación inicial del organismo, las revelaciones posteriores que ubicaron a Alan Pocovi como una pieza clave en el lavado de dinero de la causa ANDIS, y una oportuna rotación de firmas en el área de Compras para eximir de responsabilidad a las máximas autoridades viales.
Acto I: La adjudicación original de Campoy
La ruta del dinero comenzó formalmente el 22 de mayo de 2025. Tal como reveló El Disenso en septiembre de ese año en la investigación “La caja de Vialidad: 1292 millones para el clan Menem“, expusimos cómo la familia Pocovi seguía generando ingresos gracias a su cercanía con Martín Menem y la mano generosa de Marcelo Campoy, titular de Vialidad Nacional.
Marcelo Jorge Campoy es un viejo servidor de la familia Menem, unido a ellos por lazos políticos y también empresariales. Allá por 1999, Carlos Saúl Menem lo puso al frente de Vialidad Nacional y, en julio de 2024, la gestión de Javier Milei volvió a nombrarlo en el mismo organismo. El nombramiento fue intermediado por Eduardo “Lule” Menem, con quien Campoy se reunió en 32 ocasiones en la Casa Rosada; 28 de esas visitas fueron por asuntos privados, ya que estos encuentros no fueron consignados en las actas oficiales de audiencias.
El entramado de relaciones familiares y comerciales cruza directamente al funcionariado con los beneficiarios. El cuñado de Campoy se llama Diego Eugenio Cadel, quien es socio comercial directo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la firma Damg Producciones Deportivas SRL, un emprendimiento creado en el año 2008 cuyo objeto social está dedicado a la organización y publicidad de eventos deportivos.
Con la llegada de Campoy a la conducción del área vial, Alan Pocovi —medio hermano del hijo de Zulemita Menem— se convirtió rápidamente en proveedor de Vialidad Nacional dentro del “Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025”. Dicha contratación consta de 59 renglones diseñados para el corte de pasto y la recolección de residuos a lo largo de diferentes tramos de las rutas argentinas.
En ese contexto, Marcelo Jorge Campoy firmó la adjudicación original en favor de la empresa He Vras SRL. A través de esa resolución oficial, la firma se alzó con un contrato inicial de $1.292 millones.
La radiografía de He Vras SRL: una constructora sin empleados
He Vras SRL es una constructora constituida en octubre de 2023, ante la inminente asunción del nuevo gobierno, y pertenece formalmente a Alan Pocovi y a Cipriano Arriola Cabrera, un supuesto “empresario paraguayo” que fija domicilio fiscal en un barrio de extrema precariedad en el partido de Quilmes y que supo cobrar el IFE (el ingreso de emergencia para familias en vulnerabilidad económica).
De acuerdo al Dictamen de evaluación emitido por el organismo, He Vras SRL cumple con todos los requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin embargo, los papeles fiscales muestran otra realidad: la empresa fue contratada para un “Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego” aunque solo está registrada ante la ARCA (ex AFIP) bajo la actividad de “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”. Además, el sello comercial no está registrado como empleador, por lo que administrativamente se deduce que será el propio Pocovi quien deba levantarse temprano a cortar el pasto junto a su socio.
El factor ANDIS: El rol de Alan Pocovi en el lavado de dinero
El verdadero trasfondo y la gravedad de los beneficiarios seleccionados por Vialidad Nacional terminó de quedar al descubierto con una investigación posterior de este medio: “El engranaje oculto del menemato: así movió dinero Alan Pocovi en el circuito paralelo de la causa ANDIS“.
En ese expediente judicial, donde se investigan millonarios desvíos de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi identificó formalmente a Alan Pocovi (dueño de He Vras SRL) como una pieza operativa clave dentro del circuito financiero paralelo. Según la justicia, por esa estructura habría circulado una porción de las coimas recaudadas en la mencionada agencia pública, colocando al proveedor de Vialidad en el centro de una densa causa por lavado de dinero proveniente de la corrupción estatal.
Acto II: La prórroga y la estrategia de cobertura administrativa
A pesar de la gravedad de los vínculos societarios expuestos, la flagrante incompatibilidad de actividades y el avance de las causas judiciales que involucraban directamente a Pocovi en maniobras de lavado, Vialidad Nacional no suspendió los pagos ni auditó el contrato. Al contrario, la estructura procedió a garantizar la continuidad del negocio familiar pero ejecutando una estratégica maniobra de repliegue burocrático.
El 4 de diciembre de 2025 se realizó una prórroga de la adjudicación. La empresa He Vras SRL mantuvo intacta su posición como beneficiaria exclusiva del contrato, obteniendo una extensión por otros seis meses, con vigencia desde diciembre de 2025 hasta junio de 2026. Sin embargo, para evitar que el Administrador General, Marcelo Jorge Campoy, sumara mayor exposición jurídica y quedara penalmente expuesto tras las revelaciones periodísticas, el documento de la prórroga ya no llevó su firma.
El trámite fue derivado deliberadamente a las líneas medias del organigrama vial: quien estampó la rúbrica el 4 de diciembre de 2025 fue Ariel Paz, Jefe de Compras de Vialidad Nacional. Este sutil movimiento de piezas permitió que Campoy se cubriera legalmente delegando el acto administrativo en un subordinado, mientras el esquema financiero en favor de los Pocovi seguía su curso inalterado.
El resultado económico
La concatenación de estas decisiones administrativas determinó que una contratación originalmente valuada en $1.292 millones —firmada bajo la responsabilidad de Campoy en mayo— mutara en diciembre en un negocio cerrado de $2.584 millones para la firma vinculada al entorno de Martín Menem.
La extensión se operó luego de que Vialidad Nacional decidiera extender el vínculo en las mismas condiciones económicas que la adjudicación inicial. Los documentos oficiales prueban que, más allá de la rotación de los funcionarios que firman los expedientes para salvar sus responsabilidades individuales, el destino final del flujo de los fondos públicos se mantiene inalterable.