En 2009, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas impulsó una denuncia contra el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por el delito de dádivas. La acusación se basaba en un esquema concreto: empresas contratistas del Estado, en rubros bajo su órbita de control, financiaban jets para los viajes privados de Jaime.
La causa avanzó judicialmente y el juez federal Julián Ercolini homologó el acuerdo impulsado por el fiscal Guillermo Marijuán: Jaime fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso, inhabilitado para ejercer cargos públicos y obligado a devolver dos millones de pesos. Se convirtió así en el primer funcionario del kirchnerismo en admitir el cobro de dádivas.
El esquema era directo: un funcionario con poder de regulación viajaba en vuelos privados financiados por empresas que dependían de sus decisiones.
Dieciséis años después, el patrón vuelve a aparecer con otros protagonistas.
El 12 de febrero de 2026, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó junto a su familia desde San Fernando a Punta del Este en un jet privado. El vuelo de ida fue facturado a nombre de ImHouse S.A. por un total de 4.830 dólares. El regreso lo facturó un particular, el piloto de avión Agustín Issin, a nombre de Marcelo Grandío y por un total de 3.000 dólares.
El dato central no es el viaje en sí, sino la relación comercial: la productora ImHouse SA posee actualmente 4 programas en la TV Pública, que depende orgánicamente de la Jefatura de Gabinete. Es decir, del área bajo control directo de Adorni.
El viaje de Adorni y familia a la casa de Marcelo Grandío en Punta del Este se da el 12 de febrero de 2026, exactamente 2 días después de estrenado el ciclo Gritalo Mundial en la TV Pública.
La ecuación es idéntica a la del caso Jaime: una empresa que recibe fondos del Estado financia un beneficio personal para el funcionario que tiene capacidad de decisión sobre ella.
Es imprescindible recordar que a partir del Decreto 237/2015 se creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que todo contrato emanado tanto de la TV Pública como de RTA SAU corresponde a la jurisdicción a cargo de Manuel Adorni.
La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Entre las primeras medidas, se solicitaron informes oficiales sobre el viaje, se intentó determinar si existía alguna misión formal y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de la productora y de los intermediarios del vuelo.
La situación de Adorni se asemeja al antecedente de Ricardo Jaime, condenado por hechos tipificados en el artículo 259 del Código Penal que define el delito de “dádivas” en torno a dos elementos:
1. Que el beneficio haya sido otorgado por un tercero.
2. Que exista un vínculo funcional entre ese tercero y el cargo del funcionario.
En este caso, ambos elementos aparecen delineados: la factura del vuelo y la relación contractual con el Estado hermanan a Manuel Adorni con Ricardo Jaime en una esquema de cohecho que no rima, pero se repite.
Investigación Original: Esta nota forma parte de la serie de informes exclusivos de El Disenso sobre Manuel Adorni. Te invitamos a leer la investigación que dio inicio a esta cobertura: La casta libertaria: Adorni, su esposa Karina, la consultora y un negocio redondo.