El lilito Matías Yofe, presidente de la CC/ARI en Pilar, deberá declarar en la causa que cuestiona la veracidad de las denuncias que sostenían su esquema de protección. Ocho efectivos entre Prefectura y Policía Bonaerense, un año de servicio, un costo que el Estado pagó — y que la justicia podría reclamarle si se confirma que todo fue un montaje.
Yofe tiene una cita judicial el 14 de abril a las 12:00 horas en la UFI N°4 de Pilar. Ese día, el referente de Carrió en zona norte deberá presentarse a declarar como imputado ante el fiscal Andrés Quintana, en el marco de la IPP N°14-02-003124-26/00, una causa que investiga la falsedad de las amenazas que el dirigente de la Coalición Cívica denunció durante más de un año a fin de obtener custodia policial gratuita a cargo del Estado.
Se trata de una causa distinta —aunque desprendida— de la que ya lo tiene imputado por extorsión junto al empresario Leandro Camani y Diego Escobar, que tramita ante la UFI N°3 a cargo del fiscal Germán Camafreita Steffich. Esta investigación tiene un objeto específico: determinar si Yofe fabricó el relato de persecución que le permitió acceder a un dispositivo de seguridad estatal que ningún dirigente partidario sin cargo público debería tener.
Mientras recorría estudios de televisión como cruzado anticorrupción, Yofe contaba con dos agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que lo acompañaban en sus desplazamientos y seis efectivos de Prefectura Naval apostados diariamente en su quincho. Ocho personas en total, según las declaraciones de los propios custodios volcadas en actas.
Todo ese despliegue se sostenía en denuncias del propio Yofe: amenazas de muerte, la muerte de su perro en circunstancias sospechosas, neumáticos cortados y un ataque al local partidario de la CC/ARI. Todos estos hechos fueron desmentidos en sede judicial. Uno de sus propios custodios lo describió en actas como “un pelotudo” y destacó la falsedad de episodios clave. Para el fiscal Quintana las denuncias son, lisa y llanamente, falsas. Tan falsas que durante la investigación ordenó el retiro inmediato de la custodia.
Si se confirma que Yofe mintió deliberadamente para obtener protección estatal, se abre una discusión jurídica concreta: el artículo 1771 del Código Civil y Comercial prevé la responsabilidad civil por denuncias falsas. Meses de salarios, horas extra y movilidad de seis efectivos de fuerzas federales y provinciales. Un costo real, pagado por los contribuyentes, que la justicia podría poner en cabeza de quien lo generó para desincentivar a que otras personas, mediante una falsa denuncia, usen a nuestras fuerzas de seguridad para llevar a los chicos al colegio, hacer las compras, ir de shopping o realizar actos de intimidación como los que dieron origen a la causa por extorsión que pusieron a Yofe en la picota.
La causa se originó cuando Yofe fue denunciado por Atilio Ormeño, un chofer del Ministerio de Transporte bonaerense que aseguró que Yofe le ofreció dinero a cambio de una declaración falsa para perjudicar al ex ministro Jorge D’Onofrio y al negarse lo amenazó con perder su trabajo.
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El allanamiento de la casa de Yofe en Villa Rosa el 2 de enero derivó en la imputación por extorsión junto a Camani —el empresario de las fotomultas que, según la investigación, financiaba a Yofe— y Escobar. Durante ese procedimiento, Elisa Carrió se presentó como abogada, amenazó al fiscal y luego reconoció haberle aconsejado a Yofe que arrojara su celular al mar. El juez consideró ese acto una destrucción de prueba.
La causa por extorsión avanza en paralelo: tras sumarse la denuncia presentada por Claudio Chiqui Tapia contra Camani, Yofe y Del Gaiso, la justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados y el peritaje de sus chips telefónicos.