La justicia pilarense ejecutó una serie de medidas que profundizan la investigación: secreto fiscal levantado, chips telefónicos bajo peritaje y un testigo clave que viajó al exterior justo cuando lo citaban a declarar.
La causa caratulada “Yofe, Matías y otros s/Extorsión”, que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Distrito Pilar, no para. Esta semana se concretaron dos diligencias clave que mantienen el ritmo de avance de la investigación encabezada por el fiscal Germán Camafreita Steffich.
El Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido del fiscal y autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado Leandro Camani. La medida implica tres frentes simultáneos: ARCA (ex AFIP) deberá remitir sus últimas dos declaraciones juradas; el Banco Central deberá informar la totalidad de sus cuentas bancarias y los movimientos registrados desde el 1° de enero de 2025 hasta la actualidad; y Mercado Pago deberá detallar si Camani, Yofe y Diego Escobar poseen cuentas asociadas a sus datos y, en caso afirmativo, remitir todos los movimientos de dinero en el mismo período.
La defensa de Camani, a cargo de la Dra. Camila Nerea Moris, intentó resistir la medida. Argumentó que era “manifiestamente improcedente e infundada” y pidió, subsidiariamente, que se la acotara a operaciones concretas vinculadas al objeto procesal, para evitar —según sus palabras— un acceso indiscriminado a la totalidad de la información fiscal y bancaria de su cliente. El juez la rechazó considerando que existen indicios suficientes de vinculación entre Camani y los hechos investigados y que la medida es pertinente y proporcional.
El lunes 16 de marzo, tal como había anticipado El Disenso, la fiscalía remitió a la sede de la DAIC Pilar la tarjeta SIM de la línea registrada a nombre de Diego Ramón Escobar, uno de los tres imputados en la causa. El objetivo del peritaje es examinar el contenido completo del dispositivo incluyendo mensajes de texto, archivos y registros de llamadas.
Escobar es el tercer vértice de la asociación investigada junto a Matías Yofe —presidente de la CC/ARI Pilar— y Leandro Camani, el empresario de las fotomultas cuya red de vínculos con el poder bonaerense viene siendo desmenuzada por la justicia pilarense.
El martes 17 de marzo debía presentarse ante la UFI N°3 Federico Emanuel Garaglia, empresario del entorno directo de Camani, para prestar declaración testimonial. Garaglia había sido notificado personalmente el 13 de marzo mediante cédula entregada por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Pilar: firmó, quedó legalmente anoticiado y, sin embargo, no se presentó.
Su justificación: un viaje al exterior previamente programado, con salida el 14 de marzo —un día después de recibir la citación— del que acompañó los pasajes de ida y vuelta como respaldo. La fiscalía aceptó la explicación y fijó la nueva fecha para el 13 de abril. La coincidencia entre la fecha del viaje y la de la citación no pasó inadvertida.
Lo que arrancó con la denuncia de un chofer del Ministerio de Transporte bonaerense —que aseguró que Yofe le ofreció dinero a cambio de una declaración falsa para perjudicar al ex ministro Jorge D’Onofrio— se fue ramificando hasta abarcar presuntas amenazas denunciadas por Chiqui Tapia, operaciones realizadas por una planta de periodistas pagados desde las cuentas de Secutrans y una madeja de vínculos con funcionarios provinciales que la justicia ahora intenta desenredar con herramientas bancarias, fiscales y tecnológicas.
El peritaje de la SIM de Escobar, los oficios al Banco Central, a ARCA y a Mercado Pago, y la declaración pendiente de Garaglia son los últimos eslabones visibles de una causa que, paso a paso, sigue ampliando su perímetro.