Ya sea por falta de organización o por desconocimiento de los trámites necesarios para que llegue a los más necesitados, en la provincia de Salta se está asistiendo a la quema de cientos de millones en mercadería incautada por gendarmería. En su mayoría se trata de bultos de origen textil, incluyendo ropa de abrigo y también alimentos.
En 2017, en apenas 45 días, Gendarmería decomisó mercadería ilegal valuada en unos $150 millones, triplicándose el secuestro de productos respecto a 2016. En ese momento, las fuerzas sospecharon un vínculo con Orán. El tiempo les dio la razón. A partir de ese momento se sucedieron incautaciones de mercadería ilegal vía Orán por cifras multimillonarias. Marzo fue un mes agitado, el 26 Gendarmería decomisó mercadería ilegal por más de 8 millones, apenas 5 días después, los gendarmes decomisaron un cargamento completo en el que secuestraron ropa por un equivalente a 80 millones de pesos. Las incautaciones siguieron en aumento. El 3 de junio, durante un control de la Dirección General de Seguridad Vial en la ruta 16, Gendarmería decomisó ropa por 12 millones producto de 5 requisas en diferentes vehículos. Luego de hacerla constar en actas, la mercadería incautada es transportada hasta los depósitos y galpones de Aduana y Gendarmería que ya se encuentran abarrotados, y por esta razón, la mercadería termina incinerándose.
El 23 de mayo, durante la visita del Jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, el legislador Andrés Zottos del Partido Renovador de Salta aprovechó a denunciar públicamente que la mercadería estaba siendo quemada porque los galpones y depósitos ya no daban abasto, al tiempo que le solicitó al ejecutivo tome cartas en el asunto para que la mercadería llegue a los argentinos que están pasando necesidades.
“Estuve en Orán –en ocasión de la asunción del nuevo obispo‑, donde me informaron que la Aduana está quemando mercadería que secuestra en los contrabandos. Creo que se podría trabajar con Cáritas, con la Iglesia o con las entidades no gubernamentales para ayudar a los pobres. ¿Saben por qué queman la mercadería? Porque no tienen lugar para retenerla en los galpones. Esto sucede en Orán y en Salvador Mazza, Pocitos. Tenemos mucha gente pobre en esa zona, que necesita esas cosas que nosotros estamos tirando y quemando. Le pido que tome los recaudos pertinentes para que esto llegue a la gente que más lo necesita” – Diputado Zottos.
La denuncia fue confirmada por Mario Cesar Arguello, titular de Aduana en Orán, quien explicó que como los depósitos no tienen espacio para alojar toda las incautaciones, en lo que va de 2018 ya se realizaron 8 quemas en las que se destruyó mercadería valuada en 25 millones. Este tipo de disposición es regida por el protocolo vigente. Entrevistado por Canal 10 de Salta, Arguello explicó que el destino de la mercadería depende directamente de Presidencia de la Nación y que la aduana de Orán no puede entregar la mercadería ante solicitud de donaciones.
Un reclamo de diferente tenor fue el que realizó Jorge Ovejero, actual Secretario de Seguridad de la Provincia, en la reciente visita de Macri a Cachi la semana anterior. El funcionario solicitó rever los protocolos de almacenamiento de mercadería que hicieron colapsar todos los galpones y depósitos de Aduana y Gendarmería en dicha provincia, aclarando que a su entender, la mercadería secuestrada debe destruirse para proteger el comercio y evitar la contaminación. Respecto a los víveres, en una entrevista realizada por FM Profesional, Ovejero lamentó que no se pudiesen donar ya que en ese caso los trámites son tan complejos que “hasta que aprueba la comida se pudre”.
Los derechos de las personas sin techo
El pasado 28 de marzo, desde El Disenso dimos a conocer que la justicia condenó al GCBA a indemnizar con $100.000 pesos en concepto de daños y perjuicios a una familia que se encontraba en situación de calle, cuyo bebé de 25 días falleció en julio de 2010 a raíz de una neumopatía. En un fallo que sentó jurisprudencia reconociendo los derechos de las personas sin techo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá indemnizar a una familia cuyo bebé falleció en 2010, mientras atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario determinó que el Gobierno de la Ciudad deberá
En el expediente se comprobó que la mamá cursaba su quinto mes de embarazo cuando la ciudad dejó de pagarle el subsidio habitacional que les permitía pernoctar en pensiones, obligándolos a recurrir a la calle. La familia, compuesta por padre, madre y 5 hermanos, se instaló entonces en la esquina de Pichincha y Cochabamba, en el barrio de San Cristóbal antes del nacimiento del bebé. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “estaba al tanto de la situación crítica que atravesaba la familia incluso antes del nacimiento, y pese a ello no brindó una solución adecuada“.
El GCBA basó su defensa en la negación del nexo causal entre la muerte de Luis y su situación de calle, alegando que la familia se habría negado a ingresar a un parador, pero para la jueza Diaz el gobierno de la Ciudad, en ese momento conducido por Mauricio Macri, reconoció las necesidades del grupo familiar al darles prioridad en un subsidio habitacional, que luego les quitó sin que se hubiese modificado la situación de vulnerabilidad del grupo familiar.
Este es el primer caso en el que la justicia argentina condena al Estado por haber desatendido a una persona en situación de calle, sentando un importante precedente respecto a los derechos de los sin techo.
Si bien el máximo responsable a cargo de la Jefatura de Gobierno Porteño era Macri, la Ministra de Desarrollo Social a cargo de la prestación habitacional incumplida era María Eugenia Vidal y la Presidenta del Consejo de Derechos de Niños (organismo de protección) era Beatriz Victoria Orlowski de Amadeo, la esposa del diputado Amadeo.
En diciembre de 2010 se promulgó la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los derechos de las personas en situación de calle. Como Jefe de Gobierno, Mauricio Macri vetó parte de la 3706 que nunca puso en vigencia, incluyendo el artículo 8, que le asegura a bebés como Luis un alojamiento en lugar de abandonarlo al desamparo.
“Artículo 8º.- La articulación de los servicios y de sus funciones tanto en la centralización, coordinación y derivación así como en la red socio-asistencial de alojamiento nocturno y de la asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación definida en el Art. 2º de la presente Ley“.
Mientras los depósitos salteños de Aduana y Gendarmería desbordan de mercadería incautada que incluye prendas de abrigo y alimentos, hay argentinos pasando hambre y frío, y lo único que los separa, es la burocracia y el desinterés del gobierno de Cambiemos.
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