En la causa ANDIS sigue habiendo revelaciones sobre la trama interna de corrupción que operó dentro de la agencia. Entre las nuevas pruebas incorporadas por el fiscal Picardi, destaca un elemento que hasta ahora no había salido a la luz: los cuadernos de Miguel Ángel Calvete, manuscritos que exponen cómo se repartían la caja del organismo entre los distintos operadores políticos y empresariales.
Una de esas anotaciones confirma algo que desde El Disenso venimos documentando hace ya varios meses: la sociedad operativa entre Martín Menem y Nicolás Hazaff, dueño de empresas de seguridad y limpieza que crecieron de manera exponencial a partir de la llegada de Menem a la presidencia de la Cámara de Diputados. Esa relación, que el oficialismo intenta minimizar o presentar como un simple vínculo “personal”, queda asentada con claridad en los cuadernos de Calvete.
En el recuadro central de la hoja secuestrada durante el allanamiento del 9 de octubre de 2025 puede leerse: “Seguridad → Menem”.
La palabra “Seguridad” es clave: es precisamente el rubro en el que operan las empresas de Nicolás Hazaff —el marido de la nutricionista institucional de GenTech, la firma de suplementos de Menem— y el sector donde, bajo esta gestión, concentraron contratos multimillonarios en organismos como el Congreso, el Ministerio de Seguridad, Aeropuertos y también, como revelamos en agosto, la propia ANDIS.
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El 22 de agosto, desde El Disenso revelamos de forma exclusiva que la ANDIS, con la firma de Diego Spagnuolo, contrató a Global Protection Service (GPS) —la empresa de seguridad de Nicolás Hazaff— por $ 1.453.130.469,12 para prestar servicios de vigilancia en tres sedes de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de la investigación del fiscal Picardi, Calvete es consignado como el jefe para-estatal de la ANDIS, a los fines de garantizar que el esquema de corrupción funcione. Este Director en las sombras se tomó el trabajo de anotar meticulosamente, de puño y letra, cada una de las decisiones que se tomaron en el organismo y todos los participantes de este esquema que hoy está siendo analizado por el equipo del Fiscal.
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En ese contexto, que Calvete anotara “Seguridad → Menem” no describe solo una preferencia contractual: señala la pertenencia de ese rubro a un “paquete” político, la porción del negocio que respondía a quien lo había colocado en el cargo.
GPS no es un proveedor cualquiera, es un operador privilegiado y la anotación de Calvete no deja lugar a dudas. La sociedad Menem–Hazaff no solo existe: era parte orgánica del sistema.
Esta lógica coincide con lo que viene exponiendo El Disenso desde julio de este año:
- que las empresas de Hazaff (GPS, La Bizantina, Global Service Handling, etc) expandieron su participación en organismos públicos apenas Martín Menem asumió;
- que las contrataciones se concentraron en áreas sensibles como limpieza, vigilancia y mantenimiento —coincidiendo precisamente con la categoría apuntada en los cuadernos—;
- y que los funcionarios intermedios sabían perfectamente a quién respondía cada proveedor, fungiendo como garantes del negocio.
Los apuntes de Calvete funcionan casi como un organigrama del reparto interno. Y ubican a Menem no en la periferia, sino en el núcleo de las áreas que generaban flujos constantes de dinero a través de contrataciones “a medida”.
El expediente judicial ya contenía múltiples referencias al circuito de empresas de Nicolás Hazaff, pero faltaba un elemento que las conectara directamente con la estructura político-administrativa que manejaba las compras. Con los cuadernos de Calvete, la conexión aparece de manera explícita.
Hazaff comparte también la estructura familiar a través de su pareja, Lucía Díaz García, nutricionista institucional de la empresa de suplementos GenTech de Martín Menem. La pregunta ya no es si existe un vínculo. La pregunta es cuántos contratos públicos fueron direccionados hacia esa sociedad de hecho y cuánta plata del Estado circuló por ese canal.
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Para Picardi, los cuadernos de Calvete funcionan como una hoja de ruta interna. No se trata de opiniones ni rumores: son trazos hechos por quien manejaba la administración práctica del sistema. La Justicia considera especialmente valiosos los documentos que muestran la autopercepción del autor, porque revelan cómo entendía él mismo la estructura en la que operaba.
En investigaciones de corrupción, esta clase de documentos suelen tener un peso enorme: permiten reconstruir el flujo de decisiones desde el interior, sin las distorsiones del discurso público. Y acá, lo que aparece adentro es contundente: Seguridad = Menem.