Ley de Cupo Trans/Travesti: el Estado deberá emplear al menos a 39.000 personas travestis, transexuales y transgénero

El Disenso

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero obtuvo hoy media sanción en la Cámara de Diputados y pasa a la Cámara de Senadores. El proyecto fue bautizado “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en honor quienes impulsaron dichos cambios normativos y se complementa con el DNU 721/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre del 2020, estableciendo el cupo laboral trans/travesti en el sector público.

El Decreto 721/2020 de Cupo Laboral establece que el 1% de los cargos del Sector Público Nacional deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. De acuerdo al CIPPEC existen 3.9 millones de empleados públicos en Argentina.

El artículo 8 de la Ley 24.156 indica que el Sector Público Nacional está integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social;

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones;

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional.

Si aplicamos el artículo 1 del Decreto 721/2020 que establece que “en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo“, el Estado deberá tomar “al menos” a 39.000 personas travestis, transexuales y transgénero.

Con respecto a las condiciones de idoneidad, los artículos 3 y 4 aclaran que en realidad no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio del derecho a trabajar y que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos del artículo 1° del presente decreto.

Entonces, si bien no será requisito la capacitación de las personas personas travestis, transexuales y transgénero, el artículo 5 ordena que el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad deberá capacitar “a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del Sector Público Nacional se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas“.

Para este menester, se conformará una Unidad de Coordinación Interministerial que estará integrada por representantes del Ministerio de las Mujeres, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la JGM, el INADI y el Ministerio de Educación, donde cada organismo designará a 2 representantes con rango no inferior a Director o Directora Nacional.

De acuerdo a un informe del CELS publicado en junio de 2020, no existen datos oficiales de cuántas personas trans viven en la Argentina, pero “más de 9 mil hicieron el cambio de DNI“. Como la cifra no alcanza para completar el cupo otorgado por el Estado, el artículo 2 especifica que no es menester haber realizado “la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen” a fin de ser beneficiario, de modo tal que ningún ciudadano argentino queda excluido de ingresar al Estado con las excepcionalidades previstas en la norma.

Si bien el Decreto 721/2020 con la firma del presidente Fernández, el Jefe de Gabinete y la ministra Gómez Alcorta, no detallaba el costo final que tendría para las arcas del Estado, su aplicación efectiva el proyecto de Ley de Presupuesto para 2021 enviado al Congreso por el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán contempló un incremento de casi 1.350% en la inversión en políticas de género y diversidad.


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