El fiscal de la UFI 3 de Pilar, Germán Camafreita Steffich, dio un nuevo paso en la investigación que involucra a varios referentes del poder bonaerense. En el marco de la IPP PP-14-02-019728-25/00, caratulada “Yofe, Matías y otros s/Extorsión”, solicitó al Juzgado de Garantías el levantamiento del secreto fiscal de Leandro Camani y requirió además información financiera sobre los otros dos imputados: Matías Yofe y Diego Escobar.
Concretamente, la fiscalía pidió acceder a las dos últimas declaraciones juradas presentadas por Camani ante ARCA (ex AFIP) y solicitó al Banco Central que informe todas las cuentas bancarias a su nombre, junto con los movimientos registrados desde el 1° de enero de 2025 hasta la actualidad. Para los tres imputados —Camani, Yofe y Escobar— también se requirió a Mercado Pago que detalle las cuentas vinculadas y los movimientos de dinero en el mismo período.
La fiscalía busca confirmar lo denunciado por Laura Andino en la misma causa, quién también refiere haber sido víctima de amenazas, hostigamiento y de “una operación judicial y mediática” a raíz de un conflicto societario con Camani.
Andino presentó documentación que demostró que Camani le transfería dinero a una planta de periodistas desde las cuentas de la empresa Secutrans en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El Modus operandi denunciado por Andino es coincidente con el denunciado por el propio Tapia: “tome conocimiento que esta persona adquirió los derechos de los Martín Fierro, da la casualidad que todos los periodistas que ganaron los últimos Martín Fierro son todos los que vienen hablando de la casa de Pilar que es mía, del CEAMSE que tuvimos que mandar cartas documento para que se rectifiquen.”
Efectivamente, la información “exclusiva” sobre las denuncias referentes a la “casa de Pilar” son sostenidas en los medios por los recientes ganadores de los Martín Fierro de Camani. Hasta la reciente presentación de Camani en la causa de extorsión mencionada fue dada a conocer públicamente por Sebastián Dumont, uno de los galardonados en 2025.
El detalle de los movimientos bancarios solicitados por Camafreitas permitirá ver quienes recibían pagos de parte de Leandro Camani.
Como informó El Disenso en notas anteriores, la investigación por extorsiones se originó cuando un chofer del Ministerio de Transporte bonaerense denunció que Matías Yofe, presidente de la CC/ARI Pilar, le ofreció dinero a cambio de una declaración judicial falsa o hacerlo echar del trabajo si se negaba.
El objetivo de esa presunta maniobra extorsiva era perjudicar a Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte de Axel Kicillof, involucrado en el escándalo de corrupción conocido como “la causa de las fotomultas”, iniciado a partir de una denuncia presentada por Camani y luego impulsada judicialmente por Yofe.
Posteriormente, la presentación de Claudio “Chiqui” Tapia como particular damnificado, en su carácter de titular del CEAMSE, sumó una nueva línea investigativa centrada en las presuntas amenazas de Camani para obtener facilidades para sus cámaras de fotomultas en el Camino del Buen Aire.
El avance sobre el patrimonio y los movimientos financieros de los imputados marca una etapa de mayor profundidad en la investigación, que ya había dado un primer gran golpe cuando el análisis del celular de Yofe —quien arrojó su teléfono al mar antes de ser imputado— reveló conversaciones con Camani y con el ministro Marinucci.
Las pesquisas permitieron al fiscal Germán Camafreita Steffich acreditar la verosimilitud de la denuncia del chofer. El canal de diálogo entre Yofe y Marinucci hace creíbles las amenazas de despido relatadas por el chofer ministerial, y siendo Marinucci (reconocido “hombre de Camani”) y Camani los grandes beneficiados de la causa contra D’Onofrio, surge el posible móvil de la maniobra.
Ahora, la fiscalía intenta corroborar también la denuncia de amenazas realizada por un funcionario del CEAMSE.
En ese sentido, se libró un oficio urgente a Movistar para que informe la titularidad, IMEI, registro de llamadas entrantes y salientes y localización de celdas de dos líneas telefónicas vinculadas a la causa. Una de ellas pertenece a Enzo Ferrari, funcionario del CEAMSE que denunció haber recibido una amenaza telefónica atribuida a Camani. Según relató, el interlocutor le dijo: “Decile a tu jefe, ese negro de mierda, que se va a caer con el helicóptero y en la casa de Pilar, ¿te suena la casa de Pilar? Los voy a denunciar a todos.”
La fiscalía solicitó la misma información respecto de una línea telefónica atribuida al propio Camani. El período requerido abarca dos tramos: del 1° de mayo al 30 de junio de 2025 y del 1° de agosto al 30 de septiembre del mismo año.
Paralelamente, se fijó para el lunes 16 de marzo la apertura de la tarjeta SIM de Movistar correspondiente a Diego Escobar —también imputado en la causa— en la sede de la DAIC Pilar. Además, fue citado a declarar como testigo Federico Garaglia, socio de Camani, para el martes 17 de marzo a las 11:30.
El avance sobre las cuentas bancarias, los teléfonos y el patrimonio de los imputados marca un punto de inflexión en la investigación. Lo que comenzó con la denuncia de un chofer por presiones para mentir ante la justicia podría terminar exponiendo el funcionamiento de una banda de extorsionadores encabezada por Leandro Camani, que combinaba denuncias judiciales impulsadas a través de referentes políticos —generalmente legisladores— con posteriores operaciones mediáticas ejecutadas por un grupo de periodistas afines, encargados de amplificar las acusaciones y generar presión pública: el circuito completo de denuncia, operación mediática y extorsión.