El Director del ReNaPer, Santiago Juán Rodríguez, fue imputado por presunta defraudación a la Administración Pública tras la sospecha de haber direccionado varias licitaciones al pago de sobreprecios durante su gestión al frente de Fabricaciones Militares. Hoy El Disenso identificó que desde la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, Rodríguez adjudicó una licitación por más de 24 millones, donde el domicilio y el gerente de la empresa ganadora coinciden con el de la perdedora.
En el día de la fecha, desde el Boletín Oficial, el ReNaPer adjudicó el “Servicio de envío de SMSs cortos a los ciudadanos” por $ 24.360.000 a la empresa ATX S.A.
La empresa ATX SA le ¿ganó? la licitación a Equila SRL. De acuerdo a Google, ambas compañías coinciden en el mismo domicilio: Chutro 3135.
Según los registros oficiales, Rubén Santiago Ward, el presidente de ATX SA, es también el Gerente de su “competidora” Equila SA.
En el proceso 78-0002-CDI20 del sistema de Compras Nacional para la “Implementación de una solución de Contact Center“, ATX SA vuelve a competir contra Equila SRL, esta vez por un total de $7.820.000.
Ambas contrataciones parten de la Dirección Nacional del ReNaPer (Registro Nacional de las Personas) que está actualmente a cargo de Santiago Juan Rodríguez, ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Rodríguez y su esposa, Bárbara “la emperatriz” Grané, también ex funcionaria de FM, se encuentran ambos imputados por presunta defraudación a la administración pública a raíz de varias licitaciones que, se sospecha, estuvieron direccionadas al pago de sobreprecios.
De acuerdo al medio local Entre Rios Ahora, la justicia investiga diversas irregularidades ocurridas durante la gestión de la pareja al frente de Fabricaciones Militares, incluyendo: el aumento de la contratación de personal, la mala administración de fondos para la creación de un estudio de cine y televisión, la compra de cámaras, lentes y un dron, el alquiler de un perro dogo para un spot publicitario que jamás habría sido difundido en los medios de comunicación, el pago de derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por el uso de dos canciones (una perteneciente a Sandro) y viajes varios por el mundo entre 2011 y 2015 por 876.603,56 dólares, entre ellos uno de Grané al festival de Cannes con viáticos en primera clase, para recibir asesoramiento para la producción de una película que nunca fue realizada.
Según la declaración del ex interventor de la DGFM, Héctor Antonio Lostri, que obra en la causa, cuando el funcionario arribó a la delegación ubicada en Azopardo 54 Piso 11 “se encontró una oficina que tenía 30 lugares de trabajo, en la cual no había empleados trabajando y que por dichos de los empleados del Ministerio se enteró que ahí funcionaba una oficina de tuiteros, que respondían directamente a la Jefa de Gabinete, es decir, a Grané”.
La denuncia original fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan en abril de 2016. En 2019 el fiscal Eduardo Taiano le solicitó al juez Julián Ercolini las indagatorias del actual titular del ReNaPer, Santiago Juan Rodríguez, y Bárbara María Grané. Desde entonces, cesaron los movimientos en la causa.
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