El Disenso

Se cae el acuerdo con McDonald’s por violar el derecho internacional y la constitución

22 septiembre, 2016
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La Justicia anuló el convenio firmado entre el Gobierno y McDonald’s en el marco del proyecto “Primer Empleo” por considerar que viola “el derecho internacional y la propia Constitución Nacional”.

Luego del amparo interpuesto por Matías Zaldueno, Secretario Nacional de la Juventud de la CTA, y las diputadas Silvia Horne, Araceli Ferreyra y Lucila Ponti, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a través de los camaristas Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, canceló el convenio firmado el pasado 13 de mayo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados Argentina (McDonalds) por considerar que pone en riesgo los “derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad”.

Según el acuerdo, los jóvenes de entre 18 y 23 años recibirían una remuneración mensual de $4500 compuesta por un sueldo de $3500 de parte de McDonald’s y un subsidio de $1000 por parte del Estado, sin tener derecho a recibo de sueldo, vacaciones o SAC. El valor acordado se encuentra por debajo del sueldo mínimo, vital y móvil.

Al momento de la firma del convenio, Triaca anunció que “Queremos reconstruir la cultura del trabajo y la movilidad social ascendente, que es un valor que tenemos que rescatar para los argentinos”. El convenio es un proceso de prueba de 30 horas semanales con “prácticas formativas y laborales reales en un ambiente de trabajo efectivo” a cambio de un sueldo mensual de 4500 pesos, cobertura de salud provista por la Obra Social Elevar y “un certificado de entrenamiento laboral”.

Para McDonald’s este convenio era pura ganancia: en Estado Unidos un trabajador cobra 10 dólares la hora mientras que en Argentina cobra menos de 3 dolares la hora. La empresa acordó recibir aproximadamente 60 millones de pesos solo durante el primer año del convenio, a través de subsidios estatales y descuentos impositivos.

El fallo de los camaristas advierte respecto a una preocupante tendencia a “aplicar políticas de gobierno que benefician ampliamente a los grandes empresarios y perjudican de forma sistemática a los trabajadores”.

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