La Diputada Nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py contra el o los autores, partícipes, instigadores y encubridores detrás de la cuenta anónima Periodista Rufus (@Rufus). El viernes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados quedó expuesto como presunto administrador de dicha cuenta, luego de que ese perfil compartiera un link de Instagram que, al ser clickeado, refería de forma directa a la cuenta verificada de Martín Menem.
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La presentación judicial, que cuenta con el patrocinio letrado del abogado Franco Agustín Bindi, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas. Registrada bajo el número de expediente CFP 2547/2026, la causa imputa delitos gravísimos que incluyen amenazas coactivas agravadas, intimidación pública, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, peculado de servicios, asociación ilícita y actos discriminatorios basados en violencia política de género.
Desde El Disenso expusimos la copia completa de la cuenta atribuida a Martín Menem, un total de 614 capturas guardadas Wayback Machine, la herramienta de Internet Archive que funciona como una biblioteca histórica de Internet, donde cada captura queda fechada y almacenada, permitiendo reconstruir contenido que luego haya sido modificado o eliminado. Por eso suele compararse con un “escribano digital” ya que deja constancia pública, verificable y con sello temporal de lo que efectivamente estuvo online en una fecha específica.
La revisión del historial completo de Periodista Rufus expuso cómo, desde la supuesta seguridad del anonimato, el perfil se dedicaba de manera sistemática a lanzar operaciones políticas, críticas feroces y mensajes agresivos contra diversas figuras de La Libertad Avanza, incluyendo al propio Presidente de la Nación. Asimismo, la cuenta distribuía información privilegiada, anticipando nombramientos clave y acuerdos de quórum en el recinto con una precisión quirúrgica que solo un integrante de la mesa chica del cuerpo legislativo podría poseer.
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Los Delitos Imputados y la Escala Penal
La denuncia describe una operación de hostigamiento sistemático dirigida a quebrar la libre determinación institucional de la legisladora mientras se desempeñaba al frente de la Comisión de Juicio Político. Las figuras legales solicitadas por la querella encuadran en tipificaciones severas del Código Penal:
- Amenazas Coactivas Agravadas por Anonimato y Fin Político (Arts. 149 bis y 149 ter del CP):
Contempla una escala penal que prevé de 5 a 10 años de prisión. El agravante se configura porque los mensajes anónimos buscaban forzar su remoción de cargos institucionales, condicionar su voto y forzar su autocensura parlamentaria, interfiriendo directamente sobre las facultades de un miembro de los poderes públicos del Estado Nacional. - Intimidación Pública (Art. 211 del CP):
Prevé penas de 2 a 6 años de prisión por la difusión masiva y sistemática de contenidos orientados a generar un clima de odio y hostilidad colectiva. - Acto Discriminatorio y Violencia Política de Género (Ley N.º 23.592 y Ley N.º 26.485):Encuadra como un agravante directo debido al estado de embarazo de la diputada al momento de los hechos. La querella denunció el uso deliberado de insultos degradantes y apelativos animalizantes orientados a atacar la corporalidad de una mujer gestante, lo que demuestra dolo directo y la máxima reprochabilidad penal.
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El rastreo digital: Pedido de exhorto internacional a X Corp
Dado que la cuenta fue dada de baja intempestivamente el pasado domingo 17 de mayo de 2026 —maniobra considerada por la querella como un claro intento de supresión de evidencia y obstrucción a la justicia—, la presentación solicita medidas urgentes de preservación de prueba digital y el libramiento de exhortos internacionales a X Corp. en sus sedes de Estados Unidos e Irlanda.
El pedido de cooperación judicial internacional apunta a recolectar el historial técnico completo detrás del usuario anónimo:
- Direcciones IP de creación y acceso histórico, detallando su respectiva geolocalización y los proveedores de servicios de internet (ISP) utilizados.
- Teléfono celular de alta y correos electrónicos de verificación asociados de forma histórica a la cuenta.
- Historial de dispositivos vinculados (huella digital del dispositivo, sistema operativo y modelo).
Al poseer la cuenta de Periodista Rufus (@Rufus) el tilde azul de verificado, la empresa de Elon Musk resguarda obligatoriamente los datos de los medios de pago bancarios utilizados para abonar la suscripción mensual, lo que significaría una vinculación de identidad directa al cerebro de la operación.
El rastro del financiamiento estatal y el uso de recursos públicos
La presentación judicial dejó asentada una reserva penal de extrema gravedad institucional: si las pericias informáticas y los cruces de IP demuestran que el operador de la cuenta utilizó recursos informáticos, conectividad, oficinas del Congreso de la Nación o prestó servicios digitales de difamación durante el horario de la función pública, la querella ampliará la acusación penal por los delitos de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Con el soporte documental provisto por el archivo histórico recuperado, la causa ingresa formalmente en los pasillos de Comodoro Py para determinar si la maquinaria de difamación anónima fue, además de una herramienta de disciplinamiento político, un esquema financiado indirectamente con los recursos de los contribuyentes.
Resulta llamativo que Martín Menem, la persona más perjudicada por el accionar de Periodista Rufus —ya que la cuenta se eliminó en el mismo momento en el que se lo señaló como presunto autor—, no sea el primer interesado en presentarse ante la Justicia y prefiera minimizar el tema; sobre todo cuando hasta el propio Presidente de la Nación tuvo que salir a respaldarlo públicamente asegurando que se trataba de una “controversia prefabricada para generar un problema”.