Quienes hacemos El Disenso somos objeto de una investigación penal dirigida por la fiscal Daniela Dupuy y la unidad de ciberdelitos de la CABA, a instancias de una denuncia presentada por el Diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI.

Hace algunos días recibimos un oficio judicial instándonos a comparecer ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Unidad Fiscal Este de la ciudad de Buenos Aires. Hasta allí se acercó nuestro representante, el Dr. Jeremías Rodriguez, para ponerse al corriente de la situación que nos afecta a nosotros, pero también a la CC ARI y a toda la ciudadanía, porque la libertad de prensa es un bien público.

Todo esto empezó el 30 de diciembre de 2022, cuando el Diputado Ferraro denunció, en su juzgado contravencional de cercanía, la existencia de un portal creado “con el único objetivo de hacer daño a mi persona, atribuyéndome información falsa o bien revelando chats privados que podrían pertenecerme, sin mi consentimiento que los mismos fueran revelados“.

 

 

El portal denunciado en un primer momento no era El Disenso sino “wikichats.net”, que fue parte de una operación ilegal de gran escala contra varios funcionarios, entre los cuales el aludido Ferraro era el último orejón del tarro. La fiscal Daniela Dupuy también fue la primer interviniente en el caso D’Alessandro, hasta declararse incompetente, pero no lo hizo en nuestro caso, a pesar de tratarse de un claro intento de censura a la labor periodística por parte de un Diputado Nacional.

Por entonces, todos los medios de comunicación reflejaron el escándalo y nosotros publicamos dos notas al respecto:
“El hackeo que tiene en vilo al círculo rojo” y “Cronología de un hackeo al círculo rojo“.

Más adelante, en colaboración con Rolando Graña, hicimos una tercera investigación, que fue aireada en exclusiva por GPS el 15 de enero del corriente. Aunque la cuestión no fuera judiciable por provenir de una fuente viciada, estaba bastante claro que, en la filtración atribuída a Ferraro, alguien le ofrecía una renta de 50 mil dólares mensuales a cambio de ejercer su influencia en ANMAT para favorecer en Argentina la aprobación de La PrEP (profilaxis prexposición). Es clara la relevancia periodística y el interés público cuando un funcionario se presta a este tipo de negociaciones espúreas.

 

Al día siguiente publicamos parte de ese trabajo bajo el título “Escándalo por una nueva filtración de chats“. La foto de la nota y la mayor parte del texto correspondían a la ex interventora de la AFI, Graciela Caamaño, y apenas un párrafo mencionaba a Ferraro. NUNCA subimos los audios y de hecho omitimos muchísima información en pos de preservar la intimidad del diputado.

Minutos después de publicada nuestra nota, Ferraro realizó una ampliación de su denuncia, vinculándonos a la causa y solicitándole a la fiscal que tome contra El Disenso las mismas medidas precautorias solicitadas contra wikichats.net, soslayando deliberadamente que este es un medio periodístico.

Al día siguiente, el diputado reformuló su ampliación de denuncia, subvirtiendo esta vez de forma maliciosa (ya explicaremos por qué) el orden de los acontecimientos para simular que nuestra publicación fue anterior a la difusión televisiva donde se reprodujeron los audios.

 

 

 

En este escrito, como en todos, Ferraro simuló ignorar la naturaleza periodística de nuestra labor, y solicitó que se ordene dar de baja la URL de nuestra publicación.

La Fiscalía puso manos a la obra. Primero cambiando datos para indicar que nuestra nota era del día 15. También, ante la inspección del portal, determinaron que la publicación pertenecía a una persona no identificada, aunque todas nuestras notas llevan nuestra firma bajo el título, junto a la fecha de publicación.

 

 

Finalmente, en este portal, cuyo slogan es “Periodismo de Investigación” nada hizo pensar a los fiscales que hubiera ni un resquicio de ejercicio periodístico lícito, lejos de ello, encontraron que “prima facie”, se configuraba el delito de hostigamiento digital.

El artículo 75 del código contravencional de la CABA tipifica el delito de hostigamiento digital, y en párrafo aparte aclara que no configura hostigamiento digital el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Este último párrafo fue eliminado del Decreto de Determinación de hechos.

 

 

Acto seguido se instruyó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales establecer símplemente quiénes eran los responsables de El Disenso.

La Unidad de Cibercrimen e Investigaciones complejas nos investigó durante 40 días para realizar un informe de 16 páginas sobre Mariana Escalada y Agustín Ronconi, poniendo a disposición de Ferraro datos personales sensibles, como por ejemplo, la identidad de nuestros hijos en edad escolar.

La Unidad de Cibercrimen, compuesta por Gabriela Ángeles Corradini y Marisa Annichini se extralimitó groseramente, sin embargo, en ningún momento de su informe, refirieron nuestra condición de periodistas. Su informe finaliza aconsejando a la fiscalía que, a fin de confirmar la identidad de los titulares de la página web El Disenso “solicite, mediante oficio judicial correspondiente, los datos de registro e historial de IP ́s de logueo y creación de los perfiles relacionados con la web investigada: https://www.facebook.com/eldisenso, https://www.instagram.com/eldisenso/, https://www.youtube.com/c/ElDisenso y https://www.tiktok.com/@eldisenso; ello con el fin de conocer los domicilios mediante los cuales se acceden a dichas cuentas”. UN ACCIONAR NUNCA ANTES VISTO PARA CON PERIODISTAS.

 

 

Para establecer quienes son los titulares de El Disenso, sólo era necesario hacer click en la firma de la publicación.

 

 

Ferraro, una desgracia para la CC ARI

Aunque los autores de El Disenso no estamos alineados detrás de ninguna escudería política, siempre tuvimos mucho respeto por la CC ARI, una fuerza compacta, que supo tener una calidad humana destacable, que siempre se caracterizó por defender la institucionalidad republicana, con un énfasis especial en el respeto al periodismo. Bajo la conducción de Maximiliano Ferraro, esa etapa parece concluída.

Es muy difícil para nosotros pensar que aquí hubo un malentendido. Varios de los diputados de la CC ARI han hecho pedidos de informes fundados en nuestras publicaciones y presentado denuncias en diversas jurisdicciones, algunos incluso nos llamaron o escribieron para saludarnos en el día del periodista. La última acción penal instada y firmada por la Dra. Carrió a la fecha (contra Achaval, el intendente de Pilar) se funda en una investigación de nuestra autoría.

¿Acaso alguna vez no le atendimos el teléfono a un miembro de la CC ARI? ¿Fuimos irrazonables, los destratamos o les pedimos “favores”? ¿Cuándo pasamos, para ellos, de ser periodistas a cometer “hostigamiento digital”? Tal vez el espíritu republicano se agotó cuando, después de más de 2 mil investigaciones, hubo una sola que no le gustó a Ferraro ¿O será que toda la fuerza cayó bajo el dominio de un tipo que padece una incompetencia feroz?. De ser así, parafraseando a la Dra. Carrió, “Alguien le tiene que decir, you are stupid”.

 

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Esta es la nota que generó la denuncia del Diputado Maximiliano Ferraro 👇

 

Escándalo por una nueva filtración de chats