El Disenso

El futuro de las Pensiones por Discapacidad

El pasado 18 de septiembrela Jueza Adriana Claudia Cammarata a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, le ordenó al Gobierno Nacional que restituya todas las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas o interrumpidas desde 2017. El ejecutivo inmediatamente apeló el fallo, al tiempo que puso en marcha una contraofensiva que le permitirá  implementar una próxima reducción de estos beneficios.

El 20 de septiembre se publicó la resolución 268/2018, una norma administrativa en la que se instrumenta el nuevo circuito de notificaciones para las pensiones no contributivas por invalidez que sean pasibles de revisión. De acuerdo al texto, los beneficiarios contarán con 10 días para comunicarse con el 130 y obtener un turno para dar inicio a la presentación que verificará si su pensión fue otorgada de acuerdo con la ley. Esta información fue corroborada por la Ministra Stanley durante su rueda de prensa en Casa Rosada.

Si bien esta Resolución no suspende las pensiones por discapacidad, es un instrumento indispensable para los planes a futuro del gobierno en esta área.

Qué es una Pensión por invalidez (o pensión por discapacidad)

En Argentina, si un ciudadano posee invalidez física o mental que le produzca una disminución en la capacidad laboral del 76% o más y se encuentra en situación de vulnerabilidad social, puede acceder a una pensión no contributiva. Entre 2003 y 2017, las pensiones por invalidez, también llamadas pensiones por discapacidad, se incrementaron de 75.347 a 1.056.504. El gráfico a continuación muestra la evolución del otorgamiento de estas pensiones durante los últimos 14 años.

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Evolución de las pensiones por discapacidad en Argentina – Período 2003 – 2017 (Datos oficiales)

Una pensión “no contributiva” significa que no precisa de aportes previos, como es el caso de una jubilación. Actualmente, quienes perciben su pensión por discapacidad están cobrando el 70% del haber mínimo ($ 4.475). Los mayores de 65 años fueron transferidos en el mes de julio al ANSES, pasando a cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que contempla el 80% del haber mínimo ($ 5.115) y que posee dos ajustes anuales según la ley de movilidad.

La primera baja de pensiones

En el mes de junio de 2017, el gobierno dio de baja 71.706 pensiones apelando al decreto 432/97 de Carlos Menem, en el que se exige que los beneficiarios cumplan con los siguientes requisitos:

– Encontrarse incapacitado en forma total y permanente, en el caso de pensión por invalidez, presumiéndose que la incapacidad es total cuando la Invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del SETENTA Y SEIS (76 %) o más. Este requisito se probará mediante certificación expedida por servicio médico de establecimiento sanitario oficial.

– Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad.

– Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados deberán contar con una residencia continua de por lo menos 5 años anteriores al pedido del beneficio. en el caso de extranjeros, este período se extiende a 20 años.

– No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.

– No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.

– No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.

– No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

Si bien el Decreto 432/97 siempre estuvo vigente, desde Desarrollo Social aseguran que estos requisitos no se tuvieron en cuenta al momento del otorgamiento de gran parte de las pensiones actuales.

El nuevo plan del gobierno

Hasta diciembre de 2017, la Agencia Nacional de Discapacidad contaba con 1.056.504 pensiones por invalidez y un presupuesto de 84 mil millones. Luego de la digitalización de los legajos, el gobierno de Cambiemos detectó una gran cantidad de irregularidades en el otorgamiento realizado entre los años 2003 y 2015.

Por esta razón, y a fin de cumplir con las “recomendaciones” realizadas por el FMI a través del reporte 16/346, el ejecutivo ordenó la apertura de un proceso de compra para un “Servicio de Consultoría para análisis de pensiones no contributivas” que será realizado por KPMG. De acuerdo a los pliegos del proceso, la consultora cobrará la suma de $ 5.849.745 por analizar un grupo de 100.000 legajos de pensiones por invalidez que ya fueron pre seleccionadas desde Desarrollo Social.

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KPMG revisara 100.000 pensiones por discapacidad

Dentro de las tareas detalladas en la contratación, KPMG tendrá 90 días para relevar la normativa nacional y reglamentación que establece la Agencia Nacional de Discapacidad para los otorgamientos de estas pensiones, analizar y determinar las presuntas incompatibilidades, y desarrollar estadísticas e informes de tendencia que permitan a la Agencia Nacional de Discapacidad contar con información relevante y patrones de incompatibilidades.

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Objeto y plazo de la contratación

Con una base completa de 1.056.504 legajos, el gobierno abonará casi 6 millones por la revisión de cada lote de 100.000 pensiones, que de ser halladas incompatibles con la reglamentación vigente podrían significarle un multimillonario ahorro en el presupuesto. Para que la gente acompañe la medida, la estrategia incluye hacer públicas las irregularidades mas pintorescas que lograran detectarse.

Guanaco Muerto, un pueblo con el 80% de su población inválida laboral

La Ministra Carolina Stanley denunció que en este pueblo de Cruz del Eje, “el 120% de la población” cobra pensiones por discapacidad. Si bien se podría creer que solo se trata de una típica frase Cambiemita, en este caso, la cifra tiene una explicación: la comuna cuenta con 480 pensionados por invalidez pero el censo del año 2010 registró solo 320 habitantes. De acuerdo a una investigación realizada por La Voz, los datos del último censo no son correctos y la proporción de pensionados oscilaría entre el 70 y el 80%, una cifra que a todas luces está fuera de rango ya que en Argentina se estima que el 2,5% de la población total cobra estas pensiones.

Luis Gómez, candidato a intendente de Juntos por Córdoba declaró que Guanaco Muerto “Convocaban a la gente que tenía chagas, que es un mal común en la zona provocado por la vinchuca, le armaban un certificado y con eso le tramitaban una pensión por invalidez” y aseguró a la prensa que los punteros políticos de la zona usaban el otorgamiento de esas pensiones para ganar las elecciones en varias localidades con escasa población, donde 50 votos cambian el resultado de un elección. En este caso, la mayoría de las pensiones fueron emitidas utilizando el sello del hospital del paraje “Estancia La Guadalupe”, un establecimiento sanitario que no existe.

En Formosa el 7,5% de sus habitantes son inválidos laborales

Según una investigación publicada por La Nación, la provincia de Formosa posee el mayor promedio de pensiones por invalidez del país. Con un total de 40.183 pensionados, el 7,5 por ciento de los 530.162 habitantes de la provincia fueron declarados incapaces de trabajar. Cuando ANSES le solicitó a los municipios formoseños los números de CUIL de sus empleados se detectaron entre 2500 y 3000 municipales que también cobraban beneficios nacionales, entre ellos, las pensiones por invalidez. En ese momento, Formosa tenía registrados 40.183 inválidos sobre un total de 520.162 habitantes, mientras que la Provincia de Buenos Aires posee 140.000 casos con 17 millones de habitantes. El récord lo ostentaba “Patiño”, con 10.101 pensionados por invalidez sobre un total de 65.581 habitantes.

 

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