Una denuncia penal presentada en Comodoro Py puso bajo la lupa al consultor político y asesor presidencial Santiago Caputo, junto al lobista estadounidense Barry Bennett y al empresario argentino Leonardo Scatturice, por un contrato firmado entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y una consultora privada de lobby internacional. La presentación advierte sobre posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, además de una eventual violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
Según la denuncia, en febrero de 2025 la SIDE firmó un contrato con la consultora Tactic Global —vinculada a Barry Bennett y Leonardo Scatturice— para realizar tareas que excederían las funciones legales de un organismo de inteligencia y que habrían sido utilizadas para canalizar gestiones políticas y diplomáticas por fuera de los mecanismos formales del Estado.
Entre los puntos más sensibles, se señala que la consultora habría actuado como intermediaria en vínculos con sectores del poder político estadounidense, una función propia de la Cancillería y las representaciones diplomáticas oficiales.
Ese esquema es definido en la presentación judicial como una suerte de “embajada paralela”, montada a través de un contrato confidencial, sin control parlamentario y al margen de los canales institucionales previstos por la ley.
Santiago Caputo es mencionado en la denuncia como el consultor político y asesor del presidente Javier Milei que habría tenido intervención en el armado del esquema cuestionado. Si bien no ocupa un cargo formal dentro de la administración pública, la presentación le atribuye capacidad de influencia en decisiones estratégicas del Gobierno.
Barry Bennett es un lobista estadounidense con trayectoria en el Partido Republicano y vínculos con el entorno de Donald Trump. Figura como socio de Tactic Global y está inscripto en Estados Unidos como operador de lobby.
Leonardo Scatturice, por su parte, es un empresario argentino radicado en el exterior, titular de la consultora contratada por la SIDE. Según distintas investigaciones periodísticas, mantiene vínculos históricos con estructuras de inteligencia y ha obtenido contratos con organismos del Estado argentino.
Tactic Global LLC —también identificada como Tactic COC LLC o simplemente Tactic LLC— percibe USD 10.000 mensuales por sus servicios a la SIDE, un monto llamativamente inferior a los valores habituales del mercado para ese tipo de prestaciones. Según la denuncia, ese contrato no debe analizarse de manera aislada, sino en el marco de una serie de vínculos y acuerdos de empresas vinculadas a Leonardo Scatturice con distintos organismos del Estado, lo que para la denunciante configura un esquema de relaciones cruzadas que habría facilitado la obtención de contratos públicos por canales informales.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la presunta violación de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente que los organismos de inteligencia realicen tareas de influencia política, diplomática o de lobby, tanto en el plano interno como internacional.
La presentación también cuestiona la oportunidad y las condiciones del contrato: Tactic Global habría sido constituida poco tiempo antes de firmar con la SIDE, lo que —según la denunciante— refuerza la hipótesis de un acuerdo “a medida”, facilitado por vínculos personales y políticos.
La denuncia fue impulsada por María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF, quien mantiene diferencias públicas con Santiago Caputo luego del nombramiento de su ex esposo Paulo Starc al frente de la UIF en la actual gestión.
El escrito presentado en Comodoro Py fue realizado con evidente ayuda de ChatGPT, un detalle llamativo tratándose de una presentación penal firmada por una exvicepresidenta de la UIF. Más allá de la gravedad de los hechos denunciados, la inclusión de este tipo de rastros digitales expone una falta de rigor técnico impropia de una acusación judicial de este calibre y abre interrogantes sobre el estándar con el que fue elaborada.
El caso se inscribe en un escenario de creciente concentración de poder en un entorno presidencial dividido en dos facciones, y vuelve a dejar en evidencia el uso de organismos sensibles del Estado para internas políticas y negocios para los amigos.