La Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció severas irregularidades en la administración de fondos del Estado realizadas por el Municipio de Pilar durante la gestión del ex intendente Nicolás Ducote.
El convenio de Barrio Monterrey
El 23 de marzo de 2016 se celebró un Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, y la Provincia de Buenos Aires, para la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat. El proyecto, que abarcaba 141 lotes habitacionales, consistía en la urbanización y mejoramiento del hábitat del Barrio Monterrey, incluyendo revitalización y mejora de un corredor central, provisión de servicios básicos, desarrollo de equipamiento comunitario y un Portal con opciones de esparcimiento y desarrollo para jóvenes y mujeres.
El presupuesto se fijó en la suma de $145.733.567, estipulándose un plazo de obra de 12 meses.
La investigación detectó la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir recibiendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad.
De acuerdo a las certificaciones presentadas por la empresa y avaladas por los funcionarios públicos, las obras se iniciaron casi dos meses antes de haber sido contratada la empresa adjudicataria!
La PIA detalló en un pormenorizado informe como los funcionarios municipales y nacionales fingieron los controles, mientras que los empresarios certificaban avances inexistentes, sin siquiera concluir las obras que fueron pagadas con fondos nacionales.
Los funcionarios apuntados por la PIA por su participación en los hechos son:
El ex Ministro Rogelio Frigerio, cuya cartera habilitó la totalidad de las partidas que comprendían los más de cuatrocientos sesenta millones de pesos que se acordaron con el Municipio de Pilar.
La ex Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano María Klemensiewicz, quien además de recomendar la suscripción del Convenio Específico con el Municipio de Pilar también conformó la solicitud de readecuación de rubros sin que se hubiese seleccionado aún la contratista y luego firmó junto a Ducote una addenda modificando la imputación de gastos y reduciendo el monto del Convenio Específico.
El contador Domingo Luis Amaya, quien rubricó el convenio en representación de Klemensiewicz.
Federico Bustello, quien intervino en la Addenda, por la Dirección Nacional de la Secretaria de Infraestructura Urbana del Entonces Ministerio del Interior, Obras y Viviendas, aprobando el cambió de rubros respecto de la imputación de gastos.
El abogado Ignacio Azarola, firmante del Convenio en representación de la Municipalidad de Pilar.
Nicolás J. Ducoté, quién solicitó el millonario subsidio y luego procedió a la celebración del Convenio Específico, con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas. También autorizó el llamado a Licitación Pública N° 35/2016, y posteriormente aprobó la contratación de la UTE ganadora, participando a su vez en las rendiciones de cuentas cuestionadas y las ordenes de pago efectuados a la contratista.
La ex Secretaría de Economía y Hacienda Cecilia Cabrera, quien participó del irregular procedimiento de selección de la UTE Vialeme S.A. -Servicios y Gestiones S.A.- Alpin S.A.
El ex Director de Compras Fabian Arias, quién efectuó el análisis de las ofertas técnicas concluyendo que ambas cumplían con los requisitos, siendo que ambas empresas oferentes tenían incumplimientos.
El ex Secretario de Obras Públicas Guillermo Iglesias, quién intervino en el proceso licitatorio que seleccionó a UTE ganadora, y en la ejecución de la obra, certificando los avances de obra y avalando diversas órdenes de compra.
El ingeniero Osvaldo Caccaviello quien, por la Dirección General de Calles y Red Vial, emitió la evaluación de antecedentes de ofertas por los oferentes y firmó los certificados de avance de obra.
María Natalia Toso, quien por la Dirección General de Dictámenes y Asesoramientos, dictaminó a favor de la adjudicación de la UTE sin efectuar reparos legales de los incumplimientos.
Martín Monea, en su carácter de Secretario Legal y Técnico, quién suscribió la conformidad de la adjudicación de la UTE sin efectuar reparos legales de los incumplimientos
La ex Subsecretaria de obras públicas, arquitecta Sandra Sosa, quién rubricó los certificados de avance de obra.
También resultaron imputados dos privados:
Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme S.A.-Servicios y Gestión S.A.-Alpin S.A., firmante del contrato con la Municipalidad de Pilar y vehículo para efectuar la maniobra ilegal detectada por la PIA.
Fernando Bonafide, representante legal de la UTE, quién suscribió los certificados de avance de obra.
La PIA aconsejó evaluar el grado de participación de aquellas personas que emitieron las facturas que fueron utilizadas para justificar las erogaciones millonarias y determinar si efectivamente se prestaron servicios o si no existió la prestación rendida.
A 4 años y medio de la firma del convenio y de la erogación de fondos, las obras aún no fueron finalizadas.
Obra Pública y narcotráfico
En 2017, desde El Disenso realizamos dos investigaciones exponiendo los turbios manejos realizados por Nicolás Ducote en Pilar y advertimos respecto los multimillonarios contratos de Obras Públicas que tenían lugar dentro del municipio.
En ese momento, la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich realizó un megaoperativo donde se desarticuló una red de lavado de dinero de narcos colombianos. Mientras en Colombia la DEA detenía a José Byron Piedrahíta Ceballos, señalado como un peligroso narcotraficante relacionado a Pablo Emilio Escobar Gaviria, del Cartel de Medellín, en Argentina era detenido Mateo Corvo Dolcet, socio de Piedrahita, quien tenía negocios en Pilar que fueron facilitados por el ex Intendente Ducote.
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El narco colombiano y Corvo Dolcet compartieron la sociedad de “Insula Urbana SA” hasta el año 2015. Durante ese lapso de tiempo, la empresa adquirió en la localidad de Pilar una enorme cantidad de terrenos como parte de un emprendimiento urbanístico de más de 80 mil metros cuadrados a la vera de la Autopista Panamericana. El concejal de Cambiemos Daniel Liberé denunció entonces haber recibido presiones de parte del Intendente y del Jefe de Gabinete para votar a favor del mega emprendimiento, lo que motivó que abandonara su partido y se incorporara al Frente Renovador. Liberé remarcó la presión y la insistencia de Ducote para aprobar el proyecto, y señalo que desconocía que la financiación provenía de dinero del narcotráfico.
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Las ramificaciones del narcoescándalo se extendían. Desde El Disenso también demostramos que en solo 2 meses Nicolás Ducote le adjudicó al constructor de Mateo Corvo Dolcet, licitaciones de Obras Públicas por 145 millones. El beneficiado contratista fue Eduardo Gutiérrez, ex Secretario de Hacienda de Pilar, dueño de Grupo Farallon y también de la casa en la que vivía José Lopez, el ex funcionario que fuera detenido en posesión de bolsos que contenían 9 millones de dólares. Durante el juicio, el BCRA dictaminó que ese dinero no provenía de ninguna institución financiera argentina, lo que por definición significa que su origen estaba en el mercado negro, igual que el dinero de coimas y del narcotráfico.
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