Puntero del dolor

El Disenso

En 2006 el brutal femicidio de Paulina Lebbos catapultó a su padre como abanderado en la lucha de las “Víctimas contra la impunidad“. Hoy desde El Disenso te mostramos como Alberto Lebbos se convirtió en un operador de Cano, y pasó a administrar una caja clientelista.

Alberto Lebbos era un avezado operador político y profundo conocedor de la lógica clientelista que se desempeñó como funcionario de Desarrollo Social durante el gobierno de su mentor, Julio Miranda. Al momento del crimen de Paulina, Alberto se desempeñaba como Secretario de Juventud de la Provincia. De acuerdo a Susana Trimarco, “Miranda protegía a la mafia que manejaba la droga y la prostitución de la Provincia, la mafia de los Ale“. Durante los primeros años de investigación del crimen, se recabaron datos que fortalecían la hipótesis según la cual Paulina habría caído en manos de la misma Mafia que Marita Verón. Algunos de esos datos pueden leerse en nuestra investigación anterior: “Caso Lebbos, entre la búsqueda de la justicia y la posverdad“. Pero en 2013 ocurrió un fuerte golpe de timón que cambió definitivamente el rumbo de la justicia.

En Enero de 2013 el Senador Nacional José Manuel Cano, que se disponía a catapultar su carrera política postulándose como diputado nacional para poder jugar a gobernador sin perder su banca, quedó eclipsado luego de escuchar una conferencia del experimentado Alberto Lebbos, y decidió sumarlo a su task force electoral. Desde entonces la lucha contra la impunidad y las ambiciones del radicalismo tucumano se amalgamaron en un poderoso aparato de lobby.

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En agosto de aquel año el think tank creativo de Jorge Lanata lanzó la hipótesis de “Los hijos del Poder“. En la causa se inyectó una grabación cuya autenticidad nunca fue comprobada, tomada por una persona anónima, en la que un testigo nunca identificado señalaba que Paulina había fallecido en una fiesta organizada por Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk. La presión del aparato mediático torció el rumbo de la investigación, obligando al juez a abandonar de hecho las hipótesis que venían barajando y a embarcarse en una persecución contra la familia del gobernador, que si bien fue jurídicamente infructuosa, brindó excelentes dividendos políticos a José Manuel Cano.

Comisión de víctimas de la impunidad… y el clientelismo

La cintura política de Alberto Lebbos le permitió consolidarse como abanderado de la Comisión de “Víctimas por la Impunidad“, una organización que nucleaba a familias que habían sufrido diferentes tragedias y crímenes. Esta representación dotó a Lebbos de un nutrido grupo de gente que movilizaba a placer, y le permitió hacerse con una jugosa caja política.

El climax del manejo político de estas agrupaciones llegó el domingo 26 de Agosto de 2015, Lebbos fue una de las figuras protagónicas en los tres días de marchas que se generaron tras la victoria de José Manzur en Tucumán. Junto a él se movilizaron sus proveedores económicos: el Partido Obrero y La Bancaria. La situación, que terminó en disturbios y represión, fue ampliamente cubierta por los medios nacionales y enrareció el clima electoral de todo el país, dejando un mensaje político claro: en cualquier lugar que gane el PJ se denunciaría fraude y se generarían disturbios.

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El Equipo de Cano: Elias de Perez, Cano, Masso y el veedor imparcial del Caso Lebbos, Juan Roberto Robles

En la actualidad la investigación por el brutal femicidio de Paulina continúa siendo una base de operaciones políticas contra el peronismo tucumano. Lebbos se entrevistó con los más altos referentes de Nación y logró que el Ejecutivo Nacional envíe veedores para garantizar visibilidad y resultados. Los veedores, claro está, son referentes locales del PRO que mantienen estrechos vínculos con el PRO, con Cano y con Lebbos, como hemos explicado pormenorizadamente en “Caso Lebbos: comienza el circo de Cano y Cambiemos en Tucumán“.

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Lebbos, el veedor imparcial del Caso Lebbos y Masso en una marcha organizada por Lebbos

Los manejos punteriles de Lebbos se hicieron cada vez más evidentes y algunos familiares dijeron basta y comenzaron a denunciarlos. La primera en señalar los turbios manejos dentro de la Comisión fue Elena Vilca. Su marido fue asesinado hace 10 años en una cortadora de ladrillos. Elena, para sobrevivir, empezó a vender verduras en la calle. De acuerdo a quien recepcionó su denuncia, que quedó registrada en un acta, Lebbos la acompañó a todas las oficinas a hacer trámites y luego “se borró”. A pesar de haber sido movilizada docenas de veces, la vendedora ambulante afrontó el juicio de su marido sola, pero tiempo después se entero de que le habían otorgado fondos para abogados a través de Lebbos, que se perdieron en el camino.

Luego, el padre de Morena Caciccio acusó a Lebbos de quedarse con dinero que estaba destinado a los integrantes de la comisión de víctimas de la impunidad, asegurando que José Cano y La Bancaria le envían todos los meses fondos a Lebbos para ayudar a las familias que integran la comisión. “Nos enteramos de que la comisión recibía a nivel nacional una ayuda económica que provenía de Cano y de la Bancaria, y destinada a los padres. Era dinero para gente pobre como yo” relató Caciccio, asegurando que Lebbos “Recibía plata y nunca la distribuyó”.

El Disenso pudo acceder al testimonio de un ex miembro de la Comisión, cuya identidad mantendremos en reserva. Según aseguró, “detrás de la organización hay un dineral“, y explicó que Lebbos “recibe cheques de la bancaria, cada 3 meses, por casi 300 mil pesos” y que recibe de un político del Partido Obrero un cheque mensual de de $50 mil“. Además, señala a Federico Masso, que se desempeñó como suplente de Cano en Diputados, como intermediario entre la Comisión y la secretaría privada de José Cano, a quien responde todo el armado.

Ante las graves acusaciones, Alberto Lebbos ensayó una defensa minimalista expresando: “Yo no recibo plata de nadie“, “Ni siquiera quisimos tener personería jurídica para que nadie se confunda”.

La caja de Lebbos

Si la Comisión tuviera personería, Lebbos estaría obligado a declarar las donaciones recibidas, por lo que mas que una confusión, se trata de una maniobra de evasión. Alberto Luis Lebbos tiene una ferretería, y está registrado en AFIP como trabajador autónomo categoría T3 con ingresos de hasta $25.000 mensuales desde agosto de 2013, justo cuando Lanata catapultó la hipótesis de “Los hijos del Poder”.

Su registro tributario no se condice con el dinero recibido de parte de Luciana y Ramiro Muratore a través de dos cheques, fechados el 22 de marzo de 2017, provenientes de las empresas Murato Construcciones SRL y Cafeli SRL, con montos de $119.874,10 y $115.573,67 respectivamente.

Ramiro y Luciana Muratore son los primos de Francisco Trejo Muratore, entonces Secretario General de la Asociación Bancaria y hoy pro secretario de Acción Social y Deportes en la conducción nacional de La Bancaria, entidad señalada por las víctimas de la inseguridad como proveedora de dinero para la Comisión que preside Lebbos.

Murato Construcciones, benefactora de Lebbos, es la empresa que, luego de embolsarse una licitación de $8.090.423,70 para la construcción del CEPLA (Centro Preventivo Local de Adicciones), abandonó la obra, una circunstancia que supo capitalizar el equipo de Cano, que denunció en lo medios que las obras no se finalizaron “por la corrupción”.

Con estos dos cheques por $235.447,77 se adquirieron en el mes de agosto 2 camionetas Amarok, una a nombre de José Adrián Pérez y otra a nombre de Víctor Hugo Langella. En el reverso de los cheques puede apreciarse que ambos fueron endosados por Alberto Luis Lebbos de puño y letra.

Luego de nuestra última investigación, un enconado Lebbos se acercó a nuestro blog a descalificarnos, sin detenerse a aclarar si alguna parte del texto merecía corrección. En ese momento, desde El Disenso, aprovechamos el contacto directo para realizarle un par de preguntas referidas a estas “donaciones” de dinero proveniente de Buenos Aires, su destino final y el origen de su financiamiento. No recibimos respuesta.

 

El Disenso

Caso Lebbos: Comienza el circo de Cano y Cambiemos en Tucumán

Caso Lebbos: entre la búsqueda de justicia y la posverdad


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