El Disenso

Modernización planea despedir medio millón de empleados públicos en los próximos meses

Mientras Ibarra saluda a los empleados públicos en su día, desde El Disenso te contamos en exclusiva como el gobierno prepara el despido masivo de medio millón de estatales.

El Ministro de Modernización arovechó el Día del Trabajador del Estado para publicar una nota en La Nación y saludar a los estatales desde Twitter. La salutación del Ministro, cuya esposa será candidata a Diputada Nacional en las próximas elecciones, pueden ser oportunas, pero el FMI es implacable, y sus exigencias no se pueden postergar por motivos electoralistas. El gobierno de Cambiemos, adicto a la toma de deuda desde el mismo día que eliminó las retenciones agropecuarias, debe cumplir a rajatablas con los requerimientos del Fondo para poder acceder a créditos.

En el informe 16/346 emitido por el FMI en noviembre, se solicitó una reducción estructural del empleo público a nivel federal y provincial, donde se aconseja realizarla mediante un censo de agentes que permita rastrear y controlar a los empleados públicos, identificando a los trabajadores fantasmas y estableciendo una reducción basada en el desgaste. El método de reducción de personal propuesto por el fondo se basa en apelar a que los mismos empleados renuncien o se retiren voluntariamente para evitar las indemnizaciones, mientras que se evita la toma de nuevos empleados logrando de esa manera una reducción drástica de la planta al menor costo económico.

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Indicaciones del FMI

Entrevistados por el equipo de liquidadores del Ministerio de Modernización se comunicaron con El Disenso y dieron cuenta del trabajo que ya está en marcha: El plan de acción persigue el objetivo de reducir la planta estatal en 500.000 trabajadores. Desde el área de “Responsabilidad Social” dependiente del Ministerio de Modernización, se evaluarán los censos en curso en las diferentes reparticiones estatales. En este momento se está trabajando sobre diferentes áreas como: empleados cercanos a la edad jubilatoria, discapacidad y reorganización. Los empleados que estén cerca de jubilarse serán persuadidos para presentar los papeles ya que de todos modos los van a despedir. Respecto a los empleados discapacitados, de momento solo censan que se encuentren en sus puestos de trabajo, mientras que la reorganización implica cubrir en las diferentes áreas los empleados faltantes con empleados sobrantes de otras reparticiones.

De acuerdo a los números manejados por el Ministerio de Triaca, argentina cuenta actualmente con una planta de 3.458.448 empleados públicos a nivel nacional, de los cuales 739.097 son empleados estatales nacionales, 2.277.662 son empleados estatales provinciales y los 441.689 restantes son empleados públicos municipales. Pero los datos que maneja el Ministerio de Modernización puertas adentro hablan de 4 millones y medio de empleados estatales.

El “censo” al que hace mención la información recibida desde Modernización, se refiere a la “Base integrada de información de empleo público y salarios en el sector público nacional” creada el pasado 29 de Mayo a través del Decreto 365/2017 que lleva las firmas de Macri, Peña, Dujovne e Ibarra. El plazo que tienen las Entidades y Jurisdicciones para entregar la información solicitada por la Secretaria de Empleo Público del Ministerio de Modernización es de tres meses.

Los 500.000 empleados a reducir forman parte del ejecutivo según confirmaron las fuentes del Ministerio: “queda la planta permanente, vuela toda la ley marco y monotributistas“. Esta reducción va a contrarreloj de otro de los requerimientos del FMI que es el proyecto de suba de la edad jubilatoria.

De cara a las elecciones, que este plan de despidos se mantenga en marcha indica la imperiosa necesidad del gobierno por cumplir con cada uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, que al pedido de reducción de empleados públicos, sumó la eliminación de subsidios a las tarifas energéticas y la reducción en los gastos de educación y salud. Según el informe del FMI, “Alrededor del 70% del gasto público en salud y educación corresponde a los salarios de los empleados” dejando en claro por donde seguirá el recorte.


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