Coto Jr: compras inmobiliarias en Miami por $2000 millones y armas de guerra modificadas

El Disenso

Una compra en Miami por $2000 millones, un arsenal no declarado en el depósito del supermercado familiar y armas de guerra modificadas son solo algunos de los temas por los que Germán Coto deberá dar explicaciones al Juez Ramos en la causa que se inició luego de una inspección de rutina que el gobierno trató de ocultar. La maniobra fue detectada por la unidad fiscal, que luego de incautar el material realizó la denuncia correspondiente. Hoy desde El Disenso te contamos los detalles que complican a Coto Jr.

Mi nombre es Coto, Germán Coto

Germán Coto, que no oculta su fanatismo por James Bond, está a cargo del proyecto inmobiliario familiar de los Coto en Biscayne Boulevard 300 donde construyen un complejo de 390 departamentos de extremo lujo que será exclusivo para usuarios de Aston Martin. Ubicado en un terreno en Miami que compró por $2000 millones el complejo contará con marina y hangar privado para jets en el aeropuerto de Miami. Las “Aston Martin Residences” serán un complejo de 66 pisos y 390 departamentos, que ya tiene fecha de inauguración: año 2021. “Es el edificio donde viviría James Bond” anunció a la prensa el hijo de Coto, quien guarda un arsenal en el depósito de su supermercado mientras su mamá le pide a Macri terminar con los planes sociales e implementar la flexibilización laboral.

En Argentina mientras, deberá responder por un subfusil automático modelo UZI adulterado que luego de ser evaluado por un perito se determinó que el arma de guerra sufrió modificaciones en su estructura “se removió material del interior de la empuñadura y se efectuó un corte para permitir el avance del selector de disparo” convirtiendo al subfusil automático en un semiautomático de precisión para ser utilizado con un silenciador. Al ser consultado Coto Jr sobre las modificaciones realizadas al arma, señaló bajo juramento que su finalidad era “combatir especies depredadoras”, sin aclarar a que especies hacia referencia. De ser encontrado culpable del delito de tenencia ilegal de armas de guerra, la pena actual según el Código Penal es de 3 a 6 años de prisión.

¿Yo te conozco?

La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa. En la causa se encuentran implicados el jerarca de la familia don Alfredo Coto, su esposa Gloria García de Coto, su hijo Germán Alfredo Coto y el jefe de Seguridad de Coto y apoderado de la firma, Alejandro Nievas Blanco.

El pasado 30 de agosto de 2016 la ANMAC, luego de recibir una denuncia a través de un correo electrónico anónimo, realizó una inspección en el depósito del supermercado familiar de la calle Paysandú 1842 en Caballito. El arsenal encontrado conmocionó a los inspectores: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.

Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les había borrado y/o adulterado la marca de parte de las armas incautadas por la justicia. Si bien la empresa posee permiso del ex Renar para operar armas de fuego, el mismo venció 2 años atrás por lo que de ser encontrados culpables de “acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin la autorización requerida“, el Código Penal estipula reclusión o prisión de 4 a 10 años.

Pero los Coto no son los únicos en problemas, cuando los inspectores informaron sobre el hallazgo, los directores del ANMAC dieron la orden de “dejar todo como está” explicando que “ellos se harían cargo” evitando decomisar el material encontrado según dicta el procedimiento. Ahora Natalia Gámbaro, quien responde al ministro Garavano, deberá explicarle al Juez Ramos porque no actuó según el procedimiento y evitó denunciar la existencia de las armas encontradas, con el agravante de que algunas de ellas se encontraban adulteradas.

El periodista Mariano Beristain tuvo acceso a la causa y reportó que tanto los Coto como su Jefe de Seguridad están acusados por tenencia de material explosivo por las granadas antitumultos y los proyectiles de gases incautados. “La Coordinación de Pólvoras, Explosivos y Afines explicó oportunamente que la granada antimulto CM RIOT Control C5 de mano que se encontró en la casa central de COTO es una granada de mano para control de disturbios, cuyo componente es GAS C5 sustancia que se clasifica bajo la categoría B6, es decir como agresivo químico de fin irritante” explico desde Mucho mas que dos.

Tanto las granadas antitumulto como las de gas lacrimógeno son explosivos de uso exclusivo de las instituciones armadas. Desde la PFA y Gendarmería negaron rotundamente haber prestado servicios en el supermercado con ese armamento y declararon que habían sido derivados a la fuerza Albatros, que tampoco posee registro de su utilización en la cadena de supermercados.

Según el expediente, “se presume que hubo una intervención sobre los materiales y que, sin la ayuda de alguno de los funcionarios de la ANMAC, ello no hubiera sido posible” sumado a una “alteración en las condiciones” en las que se encontraba la pistola ametralladora UZI y el silenciador ya que al momento del peritaje “se advirtió que algunas de las piezas no estaban“. Se trata de establecer si los únicos que tuvieron acceso al arsenal fueron los Coto y Nievas Blanco.


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