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La ANSES en la lupa de la justicia: cautelares, recusaciones e imputaciones

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Hoy ANSES está en el medio de una tormenta política y judicial en torno a dos cuestiones esenciales: el uso de los datos personales con fines propagandísticos y la pelea por la caja, técnicamente llamada Fondo de Garantía y Sustentabilidad.

La primer controversia que se suscitó sobre ANSES gira alrededor de la Resolución 166, que permite al Poder Ejecutivo acceder a los datos personales de 32 millones de ciudadanos argentinos y utilizar esa información para enviar publicidad de la gestión de manera gratuita. En este contexto, además de un sin fin de críticas políticas, surgieron dos causas judiciales de gran importancia, una de ellas en torno a frenar cautelarmente la utilización de datos, y la otra para investigar si el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, cometió el delito de mal desempeño a firmar la Resolución 166.

Mientras la Jueza Sarmiento entiende que no hay “peligro en la demora” y en una respuesta desprolija que argumenta con un fallo de fecha por venir resolvió rechazar la medida cautelar vigente..

“Que ­en el caso­ no se ha acreditado –de modo concreto­ la irreparabilidad del daño que invoca la actora y que tornarìa indispensable otorgarla inmediata tutela jurisdiccional sin esperar a la sentencia definitiva. (ver en tal sentido Gallegos Fedriani, ob. Citada. Pag. Citada). Maxime considerando que “cuando la medida cautelar ha sido solicitada en una acción de amparo, que se caracteriza por sus plazos abreviados y la celeridad en el tràmite al constituir un vìa urgente y expedita, por principio, no corresponde adentrarse en una decisión que importarìa adelantar aquello que ha ser – a la brevedad­ materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva (ver C.N.A.C.A.F.; Sala II; causa 5837/16; sent. 06/09/16 del entre muchos otros a los que este fallo referencia).

En consecuencia y por todo lo dicho SE RESUELVE:
I.­ Rechazar la medida cautelar”

..El fiscal Delgado le solicitó al juez Casanello la imputación de Marcos Peña Braun.

La Dra. Valeria Carreras, promotora de ambos procesos judiciales, apelará este jueves el fallo de la Jueza Sarmiento entendiendo que si hay peligro en la demora y que el rechazo de la cautelar permite que se consume la violación a la privacidad de la ciudadanía que es un derecho consagrado en la Constitución.

Mas allá del expediente, la letrada expresó su preocupación por la sistemática violación que se está haciendo sobre nuestro derecho a la privacidad y desde su cuenta de Twitter hizo mención al caso de la empresa Johnson & Johnson que repartió entre sus empleados de la planta de Pilar una encuesta titulada “Reporte de posibles conflicto de intereses” en el que se les solicitó consignar además de sus datos personales, su afiliación política, lo que se encuentra explícitamente vedado por el artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo segun señala el comunicado emitido por la CTA.

Los Defensores del Pueblo de la República Argentina agrupados en ADPRA instaron al ejecutivo a que “se abstengan de transferir y/o hacer uso de los datos personales cedidos al ANSES sin el consentimiento de sus titulares” haciendo hincapié en que “los datos, relacionados entre sí o bien de manera individual, pueden constituirse a su vez como datos sensibles, entendidos estos como aquellos que pueden generar algún trato discriminatorio a su titular”.

ADPRA reiteró a su vez la necesidad de acelerar el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación que se encuentra vacante desde 2009.

El Gobierno no solo viola la privacidad de los argentinos sino que es permisivo con las empresas que hacen lo mismo, y no se tomó ninguna medida oficial contra los formularios que Johnson & Johnson le exigió completar a sus empleados. En este contexto, y ante la apatía del Congreso, la CTA fue quien se encargó de tomar las riendas del asunto hasta lograr que la empresa se disculpara y diera marcha atrás.

La pelea por la caja de la ANSES

La semana pasada el juez de la Seguridad Social Juan Fantini dictó una cautelar prohibiendole al Gobierno vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Miguel Fernández Pastor, el letrado que solicitó esta cautelar, explicó a Página/12: “Queremos evitar que se lleven puesto el sistema, como ya ocurrió con Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Cavallo. ¿Cómo lo hicieron? Usando los fondos de reserva previsionales hasta entrar en crisis, y a partir de ahí achicaron las prestaciones y pagaron jubilaciones de miseria. Ahora vamos por el mismo camino”.

Como respuesta a la cautelar, esta mañana la Administración Nacional de la Seguridad Social solicitó la recusación del Juez Fantini “y se proceda a sortear un nuevo juzgado para intervenir en el presente proceso” alegando que la cautelar vigente “pone en riesgo la posibilidad de que los beneficios del Programa de Reparación Histórica puedan acceder, en vida, al cobro de sus derechos previsionales sometiéndolos a una nueva postergación y frustración de sus derechos”.

El otro fundamento del pedido de recusación es un presunto prejuzgamiento del magistrado sobre la cuestión de fondo, ya que en la letra de la cautelar el Juez Fantini expresa que el uso que pretende darse al FGS “no supera un mínimo de razonabilidad”. Esa frase llena de significación sería un adelanto de la sentencia futura, y el motivo por el cual la ANSES necesita imperiosamente deshacerse del magistrado.

“Con este fallo se abre una luz de esperanza” mencionaba Fernández Pastor 6 días atrás. Hoy en consonancia con la crisis energética, la ANSES ya se encargó de apagar esa luz.


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